Esta semana se llevó a cabo la audiencia sobre procesos judiciales en casos de violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington. Esta importante reunión, solicitada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), tenía por objetivo presentar los problemas más importantes que a la fecha se vienen constatando en el proceso de judicialización de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.
Antes de comentar los temas específicos de la audiencia, hay que rescatar como un punto importante la presencia en la misma del Presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, del Presidente de la Sala Penal Nacional, Pablo Talavera Elguera y de la Fiscal Superior Nacional Luz del Carmen Ibáñez. Este hecho y reuniones previas del magistrado Villa Stein con el ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Salomón Lerner Febres, y el Ministro de Defensa Ántero Flores-Aráoz y el anuncio público de algunos cambios en el sub sistema penal de derechos humanos, parecieran dar cuenta del desarrollo de una estrategia desde las autoridades del Poder Judicial que asume los problemas de la judicialización con un particular interés frente a la petición de la CNDDHH.
Los problemas del proceso de judicialización de violaciones a los derechos humanos que fueron expuestos ante la CIDH son, en líneas generales, los siguientes: la existencia de un discurso político oficial que cuestiona de manera persistente el proceso de judicialización. Este discurso que tiene como línea base el permanente cuestionamiento al Informe de la CVR ha sido alentado por el propio Presidente de la República. De igual modo también se informó que a la fecha existe una pérdida de especialización y exclusividad en las instancias del denominado sub sistema penal de derechos humanos creado en el año 2004. Al respecto se informó que al sub sistema se le ha agregado la competencia para la investigación y juzgamiento de delitos tributarios y aduaneros y de delitos cometidos por el crimen organizado.
Así mismo, se señaló como uno de los principales problemas la existencia de un muy importante número de casos (aproximadamente 1000 casos) que se encuentran desde hace varios años en la etapa de la investigación preliminar en sede del Ministerio Público. En realidad este problema es la expresión de la falta de fiscalías especializadas en provincias que también fueron golpeadas por la violencia, la falta de personal y fiscales especializados para la investigación de estos casos, así como también la falta de recursos logísticos para un desarrollo eficiente de las investigaciones. El hecho concreto es que existen varias centenas de casos en manos del Ministerio Público, pero en el último año los casos denunciados se pueden contar con los dedos de las manos.
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