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Caso de traición a la patria debe ser juzgado en la justicia ordinaria


Autor(a): David Lovatón Palacios
Perú
19-11-2009
 
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Condenamos enérgicamente el grave delito de traición a la patria que el suboficial Víctor Ariza Mendoza y otros miembros de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) habrían perpetrado en contra del Perú y a favor de Chile. Estos hechos deben ser investigados y sancionados con severidad por el sistema de justicia peruano y, de parte de Chile, esperamos una investigación y una explicación de lo sucedido. Somos países hermanos entre los cuales hechos como éstos son inaceptables.
 
Al respecto, si bien la justicia ordinaria ya inició las investigaciones fiscales y judiciales correspondientes, se ha abierto el debate sobre si debe ser la justicia ordinaria o la justicia militar la que debe investigar y sancionar este caso de traición a la patria. Muchos han opinado que la justicia militar debe ser la competente para ver este caso porque se trata de suboficiales en situación de actividad que habrían perpetrado estos hechos en el ejercicio de sus funciones castrenses, y que los fiscales y jueces militares gozan de los conocimientos especializados para investigar mejor este tipo de casos y que la justicia militar sería más rápida.
 
Nosotros discrepamos de estas opiniones y consideramos que la justicia ordinaria debe seguir conociendo y juzgando este caso de espionaje y traición a la patria por las siguientes razones:
 
1.      En primer lugar, hay que señalar que el bien jurídico vulnerado en un caso de traición a la patria es la “defensa nacional”, que se ve en serio riesgo cuando un nacional –civil o militar- proporciona información a un gobierno extranjero poniendo en peligro, precisamente, la defensa y seguridad del país frente a otros. La “defensa nacional” es así un bien jurídico ordinario y no castrense, tal y como se desprende del segundo párrafo del artículo 163º de la Constitución: “La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, de conformidad con la ley.” (Subrayado nuestro). Por ello, la definición del delito es traición “a la patria” y no sólo traición “a las fuerzas armadas”.
 
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que “… el bien jurídico “defensa nacional”, el Tribunal Constitucional ha sostenido que “de acuerdo con el mencionado artículo 163º de la Constitución, la Defensa Nacional es integral y permanente; por tanto, involucra al conjunto de  acciones y previsiones que permiten la subsistencia y permanencia del Estado, incluyendo su integridad, unidad y facultad de actuar con autonomía en lo interno, y libre de subordinación en lo externo, posibilitando que el proceso de desarrollo se realice en las mejores condiciones… Es “integral” porque abarca diversos campos, como el económico, político, social, cultural, militar, etc.; y “permanente”, debido a que se trata de una actividad constante que se relaciona con sus sentidos preventivo y represivo” (Exp. 0012-2006-AI/TC) En ese marco general, el TC consideró que en un contexto de conflicto armado internacional, algunos aspectos de la “defensa nacional” sí podían ser considerados bienes jurídicos castrenses.
 
2.      En segundo lugar, también hay que señalar que el delito de traición a la patria está tipificado tanto en el Código penal común como en el Código de Justicia militar y policial (Decreto Legislativo 961). En efecto, por un lado el Título XV del Código Penal sobre los “Delitos contra el Estado y la defensa nacional” contiene el capítulo I referido a los “Atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria”, siendo una de las modalidades de la traición a la patria el delito de “espionaje” tipificado en el artículo 331º de dicho cuerpo legal: “El que espía para comunicar o comunica o hace accesibles a un Estado extranjero o al público, hechos, disposiciones u objetos mantenidos en secreto por interesar a la defensa nacional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años.
 
Por su parte, el Título I del Código de justicia militar y policial sobre “Delitos contra la defensa nacional”, contiene el Capítulo I referido al delito de “Traición a la patria”, cuyo artículo 66.3.c) establece que: “Será sancionado… el militar o policía, que durante conflicto armado internacional cometa alguna de las acciones siguientes:… Colaborar estratégicamente, favoreciendo al enemigo o intentando favorecerlo, perjudicando la defensa nacional en los siguientes casos:… Proporcionando al enemigo, potencia extranjera u organismo internacional, cualquier información, procedimiento, asunto, acto, documento, dato u objeto cuya reunión o explotación sirva para tal fin.” Acto seguido, el artículo 67º del referido Código de justicia militar y policial establece que “… en los casos que no exista guerra exterior, ni conflicto armado internacional, serán sancionados con pena privativa de libertad no menor de veinte años, con la accesoria de inhabilitación.” En sentencia recaída en el Expediente 0012-2006-AI/TC el Tribunal Constitucional sentenció que estos dos artículos eran constitucionales ante la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Lima.
 
En consecuencia, frente al delito de traición a la patria el ordenamiento jurídico peruano vigente contempla anómalamente una doble tipificación tanto por el Código penal común como por el Código de justicia militar y policial y, por ende, abre la posibilidad que el fuero común o el fuero militar planteen una contienda de competencia para que el Tribunal Constitucional (TC) determine cuál es de ellos va a ser el fuero competente en el presente caso. Tradicionalmente era la Corte Suprema la que dirimía competencia entre la justicia ordinaria y la castrense, pero la actual Ley de organización y funciones de la justicia militar y policial (Ley 29182) polémicamente le transfirió esa función al TC.
 
3.      En tercer lugar, dicho lo anterior y tomando en cuenta la jurisprudencia del TC en esta materia, nosotros consideramos que en este caso el Poder Judicial no debe inhibirse de seguir conociendo sino que, de ser el caso, el TC debería dirimir competencia a favor de la justicia ordinaria y no de la justicia militar, bajo el argumento principal que ya ha esgrimido el máximo intérprete de la Constitución en casos anteriores: que la actual organización y funciones de la justicia militar y policial establecida por la Ley Nº 29182 no ofrece la garantía de juez “independiente e imparcial” porque los fiscales, jueces y vocales militares –a excepción del actual Presidente del Tribunal supremo de justicia militar y policial- siguen siendo oficiales en situación de actividad que forman parte de una estructura jerárquica y subordinada como la castrense, lo que resulta incompatible con la independencia e imparcialidad que debe ostentar todo fiscal y juez.
 
No sólo lo decimos nosotros, también lo ha señalado la Defensoría del Pueblo en varios informes defensoriales, el Colegio de Abogados de Lima (que ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad contra la actual Ley Nº 29182 y que actualmente está en trámite), la Corte interamericana de derechos humanos en el caso Palamara contra Chile, la Comisión interamericana de derechos humanos ha analizado esta situación en dos audiencias públicas y el propio Tribunal Constitucional, no sólo respecto a la legislación anterior sobre la organización y funciones de la justicia militar y policial, sino también respecto a la actual Ley Nº 29182.
 
En efecto, en el caso “Condori Condori” (Exp. 01605-2006-PHC/TC) el Tribunal Constitucional ya ha inaplicado la Ley Nº 29182 al reiterar que sigue vulnerando la garantía de juez “independiente e imparcial” porque insiste en disponer que los fiscales, jueces y vocales militares sean oficiales en situación de actividad:
 
7… la Ley N.º 29182 de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial [que deroga la aludida Ley N.º 28665, que a su vez derogó el Decreto Ley N.º 23201], nueva ley que, sin embargo, ii) no sólo vulnera la autoridad de cosa juzgada establecida en el artículo 139º inciso 2) de la Constitución, en lo que se refiere a las sentencias del Tribunal Constitucional, constituyendo un abierto desacato a tales pronunciamientos, sino que supone, iii) además, una situación de rebeldía legislativa, dado que el Congreso incumple su deber constitucional de legislar sobre una materia respecto de la cual este Colegiado ya se ha pronunciado, haciendo caso omiso a lo antes decidido, situación que sin lugar a dudas iv) pone en riesgo los derechos fundamentales judiciales de aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que puedan ser sometidos a la jurisdicción militar… 8. Por ello, teniendo en cuenta lo antes expuesto… el Tribunal Constitucional estima que debe inaplicarse la Ley N.º 29182, que es la ley que actualmente regula la composición de los órganos jurisdiccionales militares policiales, pues en el análisis del caso concreto se produce una situación que es lesiva de un derecho fundamental –iniciada con el derogado Decreto Ley N.º 23201, continuada por las Leyes N.ºs 28665 y 28934 y actualmente por la mencionada Ley N.º 29182–, que en esencia es el derecho a un juez independiente e imparcial. En efecto, no obstante lo establecido por el Tribunal Constitucional, la Ley N.º 29182 dispuso la continuación del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales penales militares que este Colegiado estimó como inconstitucionales…” (Subrayado nuestro)
 
Posteriormente en febrero de este año 2009, el Tribunal Constitucional volvió a pronunciarse sobre este mismo tema, esta vez reiterando la inconstitucionalidad de los fiscales militares policiales que no formen parte del Ministerio Público, en el caso “Rojas García” (Exp. 05567-2007-PHC/TC):
 
6. En ese sentido se advierte que no es posible que exista otro órgano con las mismas atribuciones y potestades conferidas al Ministerio Público, dado que es la propia Constitución quien le atribuye dichas competencias de manera exclusiva. De allí que la presencia de fiscales militares dentro de un proceso penal realizado en el Fuero militar (en el caso de que dichos funcionarios hayan sido seleccionados y nombrados sin intervención alguna del Ministerio Público) conlleve que el mismo se torne en irregular, lo que supone también que se vulneren los derechos fundamentales de los justiciables.” (Subrayado nuestro)
 
4.      En consecuencia, de ventilarse el presente y grave caso de espionaje ante la justicia militar policial, este proceso no contaría con la garantía de juez o tribunal “independiente e imparcial” que el propio Tribunal Constitucional ha exigido a este fuero privativo desde el año 2004 hasta la fecha. Eso explica por qué desde un inicio tanto las autoridades civiles como militares pusieron este caso a disposición del Ministerio Público y del Poder Judicial sin reparo alguno y que inclusive, la Cancillería peruana haya anunciado que ha pedido a la Fiscal de la Nación copia del expediente respectivo para ser entregado a las autoridades chilenas para que, posteriormente, nos den las explicaciones que corresponden.
 
5.      Esta exigencia de la garantía de juez o tribunal “independiente e imparcial” a la justicia militar policial no es una exquisitez jurídica sino que tiene consecuencias prácticas fundamentales. Todos los peruanos y peruanas queremos y necesitamos saber hasta dónde ramifica sus tentáculos esta supuesta “red de espionaje” de la que el propio Gobierno peruano ha hablado y de la que al parecer algunos jefes militares de la FAP ya tenían conocimiento desde hace algunos años según información periodística.
 
¿Sólo involucra a suboficiales de la FAP o también a altos oficiales FAP? ¿Sólo involucra a miembros de la FAP o de otras instituciones militares, gubernamentales o de fuerzas armadas de Chile como ya se ha señalado también? ¿Un oficial en actividad de la FAP que ahora cumple funciones de fiscal, juez o vocal militar, otorga las garantías de independencia e imparcialidad para, eventualmente, investigar y sancionar a sus compañeros de armas o hasta a sus superiores? Creemos que no y, por ende, en este caso el país merece que las autoridades fiscales y judiciales civiles peruanas otorguen la máxima garantía de independencia e imparcialidad de que se llegará al fondo del asunto caiga quien caiga en Perú o en Chile.
 
6.      Sobre la supuesta mayor celeridad procesal que ofrece la justicia militar en comparación con la justicia común, ello puede resolverse si es que la Fiscal de la Nación y el Presidente del Poder Judicial designan a fiscales y jueces ad hoc respectivamente, dedicados a exclusividad a investigar y juzgar este caso. La Sala especial que juzgó al ex Presidente Alberto Fujimori es una clara muestra que cuando el Poder Judicial se lo propone, puede impartir justicia con firmeza y en plazos razonables.
 

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