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El estado del proceso de judicialización de graves violaciones a los derechos humanos en el Perú


Autor(a): Carlos Rivera Paz
Perú
22-07-2010
 
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El proceso de judicialización de graves crímenes contra los derechos humanos enfrenta en la actualidad su momento más crítico, y si las condiciones no cambian sustancialmente podría empeorar. De un lado las recientes sentencias emitidas por la Sala Penal Nacional (SPN) en los casos de los estudiantes desaparecidos en la Universidad Nacional del Centro (1990) y la matanza de Pucará (1989) parecen mostrar la peligrosa consolidación de una jurisprudencia opuesta radicalmente a las aspiraciones e intereses de las víctimas. Por otro lado, la evidente campaña política liderada por el Ministro de Defensa que busca imponer una salida definitiva al problema, son la evidencia más actual de que en el último período se ha producido un dramático tránsito en las condiciones del proceso de justicia en el Perú.
 
No cabe duda que las investigaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y la presentación de 47 casos paradigmáticos de violaciones a los derechos humanos fueron el principal impulso para la instalación de un proceso de judicialización de ese tipo de crímenes en el Perú. De esta manera se pasaba de una larga etapa de impunidad casi absoluta a una etapa en el que la justicia parecía ser posible. Un elemento notable de este período es la creación del sub sistema penal de derechos humanos a fines de 2004.
 
El sub sistema penal de DDHH
 
En el 2004, por recomendación de la CVR, se creó el denominado sub sistema penal de derechos humanos como la organización del sistema de justicia encargada de la investigación y juzgamiento de esos graves crímenes contra los derechos humanos. Se crearon fiscalías y juzgados penales especializados tanto en Lima como en Ayacucho. Desde ese entonces a la Sala Penal Nacional (SPN) se le otorgó la responsabilidad de juzgar aquellos casos.
 
El año 2005 la SPN comenzó el juzgamiento de los casos investigados por la CVR y desde aquel año ha emitido numerosas sentencias en casos de graves violaciones a los derechos humanos. La SPN como tribunal de derechos humanos de la democracia era el órgano judicial sobre el cual recaía la trascendental responsabilidad de hacer justicia en aquellos casos en los que debido a la implementación de diversas estrategias de impunidad desarrolladas desde el poder jamás habían sido investigados y menos sancionados.
 
Durante ese primer momento -que dura los primeros años de creación- se debe decir que significó el momento de mayor avance del proceso de justicia. No solo en pocos meses se judicializó un número considerable de casos emblemáticos, sino que además rápidamente se desarrolló una jurisprudencia tanto en la SPN como en la Primera Sala Penal Anticorrupción en la que se resolvieron diversos asuntos jurídicos penales que durante mucho tiempo habían sido parte de la mesa de debates. Nos referimos a las decisiones judiciales sobre no aplicación de las leyes de amnistía, declaración de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, de igual manera el asunto de la cosa juzgada en sede militar y la prohibición de que estos crímenes sean parte de las competencias de la justicia militar, etc.
 
Las sentencias de la SPN
 
Desde la emisión, en marzo de 2006, de la sentencia en el caso del estudiante desaparecido Ernesto Castillo Páez, la SPN ha emitido 19 sentencias en caso de graves violaciones a los derechos humanos, varios de ellos investigados y denunciados por la CVR (Castillo Páez, Chuschi, Bustíos, Pomatanta, Santa Bárbara, Los Laureles, Universidad Nacional del Centro, Pucará).
 
En la actualidad no solo las estadísticas de este tribunal señalan con meridiana claridad que el porcentaje de las absoluciones (85%) de acusados de violar los derechos humanos es muy superior al minúsculo porcentaje (15%) de condenados, sino que, además, en los últimos dos años este tribunal viene consolidando una muy peligrosa jurisprudencia que en esencia apunta a dejar sin sanción a crímenes execrables, desvincular y sustraer de toda responsabilidad penal a los jefes militares involucrados en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos e inclusive negar la propia realización del evento criminal.
 
A la fecha el resultado de las sentencias emitidas por la SPN determina que se han absuelto a 65 militares y policías y se han condenado solo a 15, de los cuales 4 son efectivos de la Policía Nacional. Es importante precisar que solo durante los años 2006 y 2007 la SPN emitió sentencias condenatorias a diez de los quince condenados, pero a partir de ese momento las estadísticas marcan una nueva tendencia en las decisiones de este tribunal ya que entre el 2008, 2009 y 2010 las sentencias han sido predominantemente absolutorias. En los dos últimos años solo se ha dictado condenas en los casos de la matanza de pobladores de Santa Bárbara (1) el asesinato del joven Indalecio Pomatanta (1), la desaparición de Marco Barrantes (1) y la matanza de Pucará (2). 
 
Si bien nos estamos refiriendo a decisiones jurisdiccionales no menos cierto es que el gobierno del Presidente García Pérez desde el inicio de su mandato ha desplegado un esfuerzo político permanente y particular en cuestionar –desde las más altas instancias– el proceso de judicialización de este tipo de crímenes. El mensaje político ha tenido siempre un solo objetivo: la liquidación del proceso de justicia.
 
Es cierto que en medio de ese complejo escenario se logró desarrollar un juicio impecable contra el ex presidente de la república Alberto Fujimori en el que resultó condenado como autor mediato de graves violaciones a los derechos humanos y en la sentencia se logró establecer criterios de interpretación y valoración probatoria sobre la intervención de los jefes en la comisión de este tipo de crímenes que deberían significar una verdadera pauta frente a otros casos de la misma naturaleza. Pero no menos cierto es que dicha sentencia ni siquiera es mencionada por la SPN y muy por el contrario es abiertamente contradicha.
 
La jurisprudencia de la SPN
 
En términos más concretos podemos identificar y precisar los siguientes aspectos problemáticos de las sentencias que la SPN ha emitido en el último período:
 
1. La SPN persiste en que la demostración de los hechos solo y únicamente es con prueba directa. A excepción de la sentencia emitida en el caso de la desaparición del joven Ernesto Castillo Páez (marzo, 2006) la SPN no hace una mención o utilización de la prueba indiciaria, tipo de prueba necesaria frente a crímenes complejos en los que se ha desplegado un particular esfuerzo desde instancias oficiales para ocultar los hechos y los responsables. Todos los tribunales penales que juzgan en el mundo estos delitos utilizan este tipo de prueba. Esta exigencia probatoria se establece en las sentencias de los casos Matero, Marco Barrantes, Eladio Mancilla, Indalecio Pomatanta, Constantino Saavedra y Los Laureles.
 
2. La SPN afirma en su reciente jurisprudencia que las órdenes de los jefes militares para perpetrar crímenes contra los DDHH, como la desaparición forzada de personas solo se demuestran con prueba documental. (caso Constantino Saavedra, caso Los Laureles). La SPN no hace ninguna valoración sobre las características de las órdenes verbales y clandestinas que se emiten para la comisión de este tipo de delitos.
 
3. La SPN ha establecido como criterio de exclusión de responsabilidad penal de los jefes militares el que supuestamente no estuvieron presentes en el lugar de los hechos. (caso matanza de Pucará).
 
4. La SPN no hace ninguna reflexión o valoración sobre el rol de la organización militar en la ejecución de órdenes y disposiciones superiores ilegales para la materialización de crímenes contra los derechos humanos.
 
5. La SPN no hace ninguna reflexión o valoración sobre la existencia de manuales del Ejército Peruano que autorizan la eliminación de personas sospechosas de pertenecer a la subversión, los mismos que constituyeron la doctrina contrasubversiva del Ejército a la fecha en la que se perpetraron los crímenes.
 
6. A pesar que en reiteradas sentencias exige prueba documental para demostrar los delitos en ninguna sentencia esa exigencia probatoria que traslada a las partes del proceso (fiscalía y parte civil) no ha derivado en un mínimo requerimiento o denuncia ante la sistemática negativa del Ministerio de Defensa (MINDEF) y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) a otorgar información oficial sobre el personal militar investigado.
 
7. Además, en ninguna sentencia se valora la incidencia o el impacto que tiene en sus fallos la falta de colaboración de los órganos del MINDEF o del CCFFAA con la justicia. En diversas resoluciones simplemente traslada esa obligación de presentar documentación oficial a la fiscalía y a la parte civil.
 
8. En las recientes sentencias la SPN ha desarrollado un particular interés en construir contradicciones a partir de las declaraciones de los testigos de cargo ofrecidos por la fiscalía y la parte civil (caso Los Laureles, caso Constantino Saavedra).
 
9. De igual modo las sentencias de la SPN apuntan a descalificar los testimonios de los familiares de las víctimas. En casos de violaciones a los derechos humanos perpetrados en la sierra en los cuales las víctimas por lo general son secuestradas del seno familiar, suelen ser los familiares los únicos testigos de los hechos y además quienes desarrollan los primeros y fundamentales actos de investigación. La SPN comienza a consolidar una jurisprudencia que descalifica al familiar testigo porque argumenta que tiene un interés en el caso (caso Matero).
 
10. Muy a pesar de que ahora resulta innegable que las graves violaciones a los derechos humanos se perpetraron como parte de un patrón sistemático de violación a los derechos humanos la SPN –a excepción de las sentencias dictadas el año 2007, en el caso de los desaparecidos en Chuschi y el homicidio de Efraín Aponte Ortiz– en las sentencias no se califica los crímenes de desaparición forzada y asesinato como crímenes de lesa humanidad. Las sentencias de la casi totalidad de casos presenta a estos graves crímenes como eventos aislados de violencia.
 
11. Este último punto es particularmente relevante ya que involucra directamente una negación de que los crímenes que son materia de juzgamiento son crímenes de sistema, es decir, perpetrados por la corporación militar en cumplimiento de políticas de Estado en la cual la posición de los jefes militares fue una pieza clave de los sucesos criminales (casos Mancilla, Pomatanta, Matero, Los Laureles, Saavedra).
 
12. Las sentencias de la SPN señalan que los hechos no se han demostrado porque no se ha individualizado a los autores materiales de los crímenes, muy pesar de que, como sostenemos en un punto anterior, existe una sistemática negativa del MINDEF a proporcionar información sobre el personal militar involucrado en casos de violaciones a los derechos humanos.
 
13. En las más recientes sentencias ya no solo se declara absolución de todos los acusados, sino que, además, la SPN avanza en la dirección de sostener que los crímenes no están demostrados. En los casos Saavedra y Los Laureles las sentencias sostienen que no está demostrada la desaparición de las víctimas de este delito. Para afirmar esto utiliza argumentos risibles como señalar que la desaparición no se demuestra porque no existen documentos oficiales que una persona desaparecida ingresó al Cuartel Militar Los Cabitos en Ayacucho (Caso Constantino Saavedra) o porque la Aviación del Ejército Peruano ha informado que en determinada fecha no se realizaron vuelos con detenidos de Huánuco a Tingo María (Caso Los Laureles).
 
14. En los fundamentos de las recientes sentencias de la SPN no solo se libera de toda responsabilidad penal a quienes han participado en la comisión de crímenes contra la humanidad, sino que se cuestiona y niega la veracidad de las investigaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Caso Los Laureles).
 
15. Las sentencias de la SPN están consolidando una jurisprudencia que desvincula de manera absoluta a los jefes militares de los hechos criminales perpetrados en las zonas bajo su control militar y de las órdenes que estos emitieron, porque en estos casos la SPN está exigiendo que se demuestre la emisión de órdenes con documentos escritos (prueba documental) a pesar de que resulta evidente que las órdenes para eliminar personas fueron órdenes clandestinas, tal como se puedo comprobar en el juicio por violaciones a los derechos humanos contra el ex presidente Alberto Fujimori.
 
16. Este último asunto pretende señalar que las graves violaciones a los derechos humanos no solo constituyen eventos esporádicos, sino que además constituyen eventos ejecutados a partir de decisiones de personal militar de inferior graduación en los cuales los jefes militares no tienen ninguna responsabilidad.
 
17. La SPN viene consolidando una jurisprudencia en la cual, en algunos casos, solo el autor estrictamente material es el que aparentemente está vinculado penalmente a la comisión del crimen (caso Pomatanta). A pesar de que los crímenes contra los derechos humanos constituyen crímenes de sistema en ningún caso ha considerado a la autoría mediata para determinar la responsabilidad penal de los jefes militares.
 
18. En diferentes sentencias absolutorias se presenta una muy deficiente valoración probatoria que presenta el tribunal que ha juzgado el caso. Procesos judiciales cuyas investigaciones y juicio oral han durado años son valorados y, verdaderamente liquidados, en pocos párrafos de las sentencias (casos Universidad del Centro y Matero).
 
Bajo esas condiciones y en medio de un escenario político marcado por un discurso político institucional de los principales representantes del Estado que cuestiona y fustiga la vigencia de los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos y habla de una supuesta persecución judicial “contra los que nos defendieron del terrorismo”, podríamos haber ingresado a una etapa en la cual un órgano judicial creado justamente por recomendación de la Comisión de la Verdad esté liquidando el proceso de judicialización. Ojalá esto no termine siendo así, pero el dato concreto es que la SPN ha tenido nuevas y recientes oportunidades y el resultado es que ha reafirmado la peligrosa tendencia de su jurisprudencia.

 

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