TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
PLENO
JURISDICCIONAL
003-2005-PI/TC
DEL
PLENO JURISDICCIONAL DEL
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
De
9 de agosto de 2006
5186 ciudadanos (demandantes) c. Poder Ejecutivo y Poder Legislativo (demandados)
Demanda
de inconstitucionalidad interpuesta por 5186 ciudadanos, convocados por el
Movimiento Popular de Control Constitucional, debidamente representados por
Walter Humala, contra los Decretos Legislativos 921, 922, 923, 924, 925, 926 y
927.
Magistrados
firmantes:
ALVA
ORLANDINI
BARDELLI
LARTIRIGOYEN
GONZALES
OJEDA
GARCÍA
TOMA
VERGARA
GOTELLI
LANDA
ARROYO
I.
ASUNTO
II. DATOS GENERALES
III. NORMAS
CUESTIONADAS
IV. ANTECEDENTES
4.1.
Argumentos de la demanda
4.2.
Contestación de la demanda
V. MATERIAS CONSTITUCIONALMENTE RELEVANTES
5.1
Sobre la revisión de la pena de cadena perpetua
5.1.1.
¿La revisión de la pena de cadena perpetua es acorde con el fin de la
pena?
5.1.2.
¿La audiencia privada dispuesta en la revisión de la pena de la cadena perpetua,
respecto al principio de publicidad judicial, supera el test de proporcionalidad y
razonabilidad?
5.2.
Sobre la reincidencia y el delito de terrorismo
5.2.1.
¿La configuración normativa de la noción de reincidencia establecida en el
artículo 9°
del Decreto Ley 25475 supone la identidad en el tipo
penal?
5.2.2.
¿Cuál es el contenido del principio del ne bis in idem?
5.2.3.
¿La
configuración normativa de la reincidencia colisiona con el principio del ne bis in ídem?
5.2.4.
¿La
reincidencia es una causal agravante del delito?
5.2.5.
¿En
qué consiste el principio de culpabilidad?
5.2.6.
¿En
qué consiste el principio de proporcionalidad de las
penas?
5.2.7.
¿Es
proporcional y consistente con el principio de culpabilidad establecer como
conducta reprobable agravante la reincidencia en el delito de
terrorismo?
5.2.8.
¿Es
proporcional en su variante de prohibición o interdicción de exceso y
consistente frente al derecho a la igualdad establecer que la pena máxima de
cadena perpetua se aplicará sólo al delito de terrorismo?
5.3.
La
restricción de la libertad
5.3.1.
¿De que forma se aprecia la restricción de la libertad entre la resolución de la
anulación del juicio por traición a la patria y la apertura de uno nuevo por el
delito de terrorismo en el marco normativo vigente?
5.4.
Sobre
al procedimiento de consulta antes de proceder a la excarcelación en caso de que
el fiscal no formalice denuncia o el juez no abra
instrucción
5.4.1.
¿En
qué consiste el principio de independencia judicial?
5.5.
Sobre
la validez de las pruebas usadas en un proceso actuado frente a juez
incompetente en el caso concreto
5.5.1
¿Existe incompatibilidad entre lo dispuesto en la STC 00010-2002-AI/TC y lo
dispuesto en el artículo 8° del Decreto Legislativo 922?
5.5.2.
¿Es
posible advertir en un proceso de inconstitucionalidad todas las ocurrencias
posibles en la aplicación de una norma en los casos
concretos?
5.6.
Las
reglas procesales para los procesos por delito de traición a la patria anulados
5.6.1
¿En
qué consiste el derecho a no ser sometido a procedimiento distinto de los
previamente establecidos por la ley?
5.6.2
¿El
proceso predeterminado por ley está regido por el principio tempus regis
actum?
5.6.3
¿En
que consiste la prohibición del avocamiento indebido con relación al principio
de independencia judicial?
5.7.
La
lectura de la sentencia en ausencia del condenado
5.7.1.
¿Cuál
es el contenido constitucional del derecho a la defensa?
5.7.2.
¿Cuál
es la diferencia entre la contumacia y la ausencia?
5.7.3.
¿Cuáles
son los límites del derecho a no ser condenado en
ausencia?
5.8.
La
competencia de los jueces razone
materiae distinta de los jueces ad
hoc o de excepción
5.9.
La
configuración de la intervención de la procuraduría en el orden normativo
procesal del proceso por terrorismo
5.10. Sobre
el delito de apología del terrorismo
5.10.1. ¿El
Tribunal declaró la inconstitucionalidad del delito de apología del terrorismo
en la STC 00010-2002-AI/TC?
5.10.2. ¿Cuáles
son los alcances del juicio constitucional respecto de la configuración legal de
la política criminal y en especial del delito de apología de
terrorismo?
5.11. El
derecho a la opinión y la libertad de expresión
5.11.1. ¿Es
proporcional la pena dispuesta para el delito de apología al
terrorismo?
5.11.2. ¿Cuál
es el concepto de pena compuesta y su distinción con la doble
pena?
5.12. La colaboración
eficaz
5.12.1. ¿Cuál es el contenido del derecho a la no
autoincriminación?
5.12.2. La confesión sincera y la autonomía de la
voluntad
5.13. El plazo razonable de la detención
preventiva y los nuevos juicios por delito de terrorismo
5.14. Los beneficios
penitenciarios
5.14.1. ¿Supera
el test de proporcionalidad el
tratamiento diferenciado respecto de los beneficios penitenciarios a los
condenados por delito de terrorismo?
5.15. La
vigilancia de los liberados
5.15.1. ¿Cuál
es el contenido constitucional del derecho a la inviolabilidad del
domicilio?
5.15.2. La
vigilancia electrónica y su relación con la autorización del el levantamiento
del secreto de las comunicaciones del liberado.
5.15.3. ¿Cuál
es el contenido constitucional del derecho a la inviolabilidad de las
comunicaciones?
5.15.4.¿Cuáles
son los límites a la vigilancia electrónica del liberado?
VI.
FUNDAMENTOS
6.1.
Impugnaciones de forma
A)
Alegato de los demandantes
B)
Alegatos de la Procuradoría Pública del Consejo de
Ministros
C)
Consideraciones del Tribunal Constitucional
6.2.
Impugnaciones de fondo
6.2.1.
Presunta inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 921
A)
Alegatos de los demandantes
B)
Alegatos de la Procuradoría Pública de la Presidencia del Consejo de
Ministros
C)
Consideraciones del Tribunal Constitucional
§1. Constitución y cadena
perpetua
- Reserva de jurisdicción y
revisión de la cadena perpetua
-
Supuesta reintroducción de la cadena perpetua mediante el artículo 1º del
Decreto Legislativo 927 y principio de irretroactividad de la ley penal
-
Principio de publicidad judicial y audiencia privada en el procedimiento de
revisión de la pena de cadena perpetua
§2.Reincidencia y delitos de terrorismo
- Análisis de constitucionalidad del artículo 9 del Decreto Ley N.º 25475
- La noción de reincidencia y sus alcances en el ordenamiento jurídico del Perú
- La reincidencia y el principio ne bis in idem
- La reincidencia y el principio de culpabilidad
- La reincidencia y el principio de igualdad
6.2.2. Presunta
inconstitucionalidad de diversos artículos del Decreto Legislativo
922
- El derecho a formular peticiones y su presunta vulneración por el artículo 3º del Decreto Legislativo 922
A)
Alegatos de los demandantes
B)
Alegatos de la Procuradoría Pública de la Presidencia del Consejo de
Ministros
C)
Consideraciones del Tribunal Constitucional
- Presunta violación de la libertad personal por el artículo 3º, segundo párrafo, y por el artículo 4º del Decreto Legislativo 922
A) Alegatos de los demandantes
B)
Alegatos de la Procuradoría Pública de la Presidencia del Consejo de
Ministros
C)
Consideraciones del Tribunal Constitucional
6.2.3. Presunta inconstitucionalidad de la consulta prevista en los artículos 5º y 6º del Decreto Legislativo 922
A)
Alegatos de los demandantes
C)
Consideraciones del Tribunal Constitucional
6.2.4.
Presunta inconstitucionalidad del artículo 8º del Decreto Legislativo
922
A)
Alegatos de los demandantes
B)
Alegatos de la Procuradoría Pública de la Presidencia del Consejo de
Ministros
C)
Apreciaciones del Tribunal Constitucional
- Manifestación ante la Policía
Nacional del Perú
- Validez de las pruebas
actuadas ante la jurisdicción militar
- Validez de las declaraciones
de los arrepentidos
-
Presunta inconstitucionalidad del artículo 12º del Decreto Legislativo 922 por
violar el derecho a no ser desviado del procedimiento predeterminado por la ley,
el derecho de ser asistido por un defensor, a no ser condenado en ausencia y al
juez predeterminado por la ley
A)
Alegatos de los demandantes
B)
Alegatos de la Procuradoría Pública de la Presidencia del Consejo de
Ministros
C)
Consideraciones del Tribunal Constitucional
-
Investigación policial y avocamiento de causas pendientes ante el Poder
Judicial
-
Derecho de defensa y prohibición de dictar sentencia en
ausencia
- Juez natural y Superior
Sala
6.2.5.
Presunta inconstitucionalidad del artículo 4º del Decreto Legislativo
923
A)
Alegatos de los demandantes
B)
Alegatos de la Procuradoría Pública de la Presidencia del Consejo de
Ministros
C)
Consideraciones del Tribunal Constitucional
6.2.6.
Presunta inconstitucionalidad del artículo primero del Decreto Legislativo
924
A)
Alegatos de los demandantes
B)
Alegatos de la Procuradoría Pública de la Presidencia del Consejo de
Ministros
C)
Consideraciones del Tribunal Constitucional
-
Determinación de los derechos comprometidos con la amenaza de
pena
-
Intervención de la pena en el ámbito prima facie garantizado por la libertad
personal
-
Justificación de la intervención
-
Principio de legalidad de las penas y autorización para legislar en materia de
delito de terrorismo
-
Finalidad de la intervención y principio de proporcionalidad abstracta de las
penas
(i)
Finalidad constitucionalmente legítima
(ii)
Relación entre el objetivo que se busca conformar y el fin que se persigue
alcanzar
-
Evaluación del quantum de la pena conforme al principio de
proporcionalidad
(a)
Subprincipio de idoneidad
(b)
Subprincipio de necesidad
(c)
Subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto
-
Ne bis in ídem y pluralidad de penas
6.2.7.
Presunta inconstitucionalidad del Decreto Legislativo
925
A)
Alegatos de los demandantes
B)
Alegatos de la Procuradoría Pública de la Presidencia del Consejo de
Ministros
C)
Consideraciones del Tribunal Constitucional
-
Cuestiones preliminares
-
Arrepentido y derecho a no autoincriminarse
-
Determinación de la intervención en el derecho a no
autoincriminarse
-
Beneficio por colaboración eficaz y presunción de
inocencia
6.2.8.
Presunta inconstitucionalidad de diversos artículos del Decreto Legislativo
926
A)
Alegatos de los demandantes
B)
Alegatos de la Procuradoría Pública de la Presidencia del Consejo de
Ministros
C)
Consideraciones del Tribunal Constitucional
6.2.9.
Presunta inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 927
A)
Alegatos de los demandantes
B)
Alegatos de la Procuradoría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros
C)
Consideraciones del Tribunal Constitucional
-
Presunta violación del principio de igualdad e irretroactividad de las
leyes
- Beneficios penitenciarios y derecho al procedimiento preestablecido por la ley
-
Beneficios penitenciarios y derecho de igualdad
-
Presunta violación del derecho a la inviolabilidad del
domicilio
-
Vigilancia electrónica en lugares públicos y abiertos al público y derecho al
secreto e inviolabilidad de las comunicaciones
VII. FALLO
LIMA
MÁS
DE CINCO MIL
CIUDADANOS
En Lima, a los 9 días del
mes de agosto de 2006, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno
Jurisdiccional, con la asistencia de los señores magistrados García Toma,
Presidente; Gonzales Ojeda, Vicepresidente; Alva Orlandini; Bardelli
Lartirigoyen; Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia,
con el fundamento de voto, adjunto, del magistrado Vergara
Gotelli.
I.
ASUNTO
Demanda de
inconstitucionalidad interpuesta por 5186 ciudadanos, representados por Walter
Humala, contra el Decreto Legislativo 921; artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 12º
y Tercera Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 922; artículo 4º
del Decreto Legislativo 923; Decreto Legislativo 924; Decreto Legislativo N.º
925; artículos 1º, 2º, 4º y Primera Disposición Complementaria del Decreto
Legislativo 926; y artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10º del
Decreto Legislativo 927.
II. DATOS GENERALES
Tipo
de proceso:
Proceso de inconstitucionalidad.
Demandante: 5186 ciudadanos, representados por Walter Humala.
Normas
sometidas a control:
Decretos Legislativos 921, 922, 923, 924, 925, 926 y
927.
Normas
constitucionales
Artículos 1º; 2º incisos 1, 2, 3, 4, 9, 10, 15,
cuya
vulneración se alega:
17, 18, 20, 22, 24 literales b) d) y h); 103º; 139º incisos 1, 2, 3, 4,
11, 12, 13, 14, 22; 143º; 146º y 4º Disposición Final y Transitoria.
Petitorio:
Se declare la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 921; los
artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 12º y 3º Disposición Complementaria del
Decreto Legislativo 922, artículo 4º del Decreto Legislativo 923; Decreto
Legislativo 924; Decreto Legislativo 925; artículos 1º, 2º, 4º y 1º Disposición
complementaria del Decreto Legislativo 926; y artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º,
7º, 8º, 9º y 10º del Decreto Legislativo 927.
III. NORMAS
CUESTIONADAS
“Artículo
1.- Régimen jurídico de la cadena perpetua en la legislación
nacional.
La
pena de cadena perpetua será revisada cuando el condenado haya cumplido 35 años
de privación de libertad y se realizará conforme a lo dispuesto en el Código de
Ejecución Penal.
Artículo
2.- Penas temporales máximas para delitos de terrorismo.
La
pena temporal máxima para los delitos previstos en los artículos 2, 3, incisos
“b” y “c”, 4 y 5 del Decreto Ley Nº 25475 será cinco años mayor a la pena mínima
establecida en los mismos.
Artículo
3.- Reincidencia
La
pena máxima establecida para la reincidencia contemplada en el artículo 9 del
Decreto Ley Nº 25475 será cadena perpetua.
Artículo
4.- Incorpora capítulo al Título II del Código de Ejecución
Penal.
Incorpórase
el Capítulo V, bajo la denominación “Revisión de la Pena de Cadena Perpetua” en
el Título II “Régimen Penitenciario” del Código de Ejecución Penal, en los
siguientes términos:
“CAPÍTULO
V
Revisión
de la Pena de Cadena Perpetua
Artículo
59-A.- Procedimiento.
1.
La pena de cadena perpetua será revisada de oficio o a petición de parte cuando
el condenado haya cumplido 35 años de privación de libertad por el órgano
jurisdiccional que impuso la condena, ordenando al Consejo Técnico Penitenciario
que en el plazo de quince días organice el expediente que contendrá los
documentos consignados en el artículo 54 de este código. También dispondrá que
en igual plazo se practiquen al condenado exámenes físico, mental y otros que
considere pertinentes.
2.
Cumplido lo dispuesto en el inciso anterior, se correrá traslado de todas las
actuaciones al interno, al Ministerio Público y a la parte civil, a fin de que
en el plazo de diez días ofrezcan las pruebas que consideren
pertinentes.
3.
En audiencia privada que se iniciará dentro de los diez días siguientes de
cumplido el plazo al que se refiere el inciso anterior, se actuarán las pruebas
ofrecidas y las que el órgano jurisdiccional hubiera dispuesto, se examinará al
interno y las partes podrán formular sus alegatos orales. La resolución de
revisión se dictará al término de la audiencia o dentro de los tres días
siguientes.
4.
El órgano jurisdiccional resolverá mantener la condena o declararla cumplida
ordenando la excarcelación. Para estos efectos se tendrá en consideración las
exigencias de la individualización de la pena en atención a la concurrencia de
factores positivos en la evolución del interno que permitan establecer que se
han cumplido los fines del tratamiento penitenciario.
5.
Contra la decisión del órgano jurisdiccional procede, dentro de los tres días,
recurso impugnatorio ante el superior. El expediente se elevará de inmediato y
se correrá vista fiscal dentro de 24 horas de recibido. El dictamen se emitirá
dentro de diez días y la resolución que absuelve el grado se dictará en igual
plazo.
6. Cada vez que el órgano
jurisdiccional resuelva mantener la condena, después de transcurrido un año, se
realizará una nueva revisión, de oficio o a petición de parte, siguiendo el
mismo procedimiento”.
“Artículo
2.- Remisión de expedientes por delitos de traición a la patria de la
jurisdicción militar a la ordinaria.
El
Consejo Supremo de Justicia Militar, en el plazo de diez días desde la entrada
en vigencia del presente Decreto Legislativo, bajo responsabilidad y con todas
las medidas de seguridad correspondientes, concluirá la remisión a la Superior
Sala, en el estado en que se encuentren, de los expedientes por delito de
traición a la patria previstos en los Decretos Leyes Nºs. 25659 y
25880.
Artículo
3.- Nulidad de las sentencias y del proceso penal militar.
La Superior Sala,
progresivamente, en un plazo no mayor de sesenta días hábiles desde la vigencia
del presente Decreto Legislativo, por el sólo mérito de la Sentencia del
Tribunal Constitucional Expediente Nº 010-2002-Al/TC, declarará la nulidad de la
sentencia y del proceso seguido ante la jurisdicción militar por delito de
traición a la patria, respecto de los condenados y por los hechos objeto de
condena. La nulidad se extenderá a los casos de acusados ausentes y contumaces
por los hechos materia de acusación fiscal.
Los
autos de nulidad conforme a la parte resolutiva de la sentencia citada en el
párrafo precedente, no tendrán como efecto la libertad de los imputados, ni la
suspensión de las requisitorias existentes y la excarcelación sólo se producirá
en los supuestos previstos en los artículos 5 y 6 del presente Decreto
Legislativo o cuando el juez penal no dicte mandato de
detención.
Artículo
4.- Plazo límite de la detención.
El
plazo límite de detención a los efectos del artículo 137 del Código Procesal
Penal se inicia a partir del auto de apertura de instrucción del nuevo
proceso.
Artículo
5.- Pronunciamiento del Fiscal acerca del ejercicio de la acción
penal.
Declarada
la nulidad, se remitirá el expediente al Fiscal Provincial Penal Especializado
en el plazo de veinticuatro horas. El Fiscal, dentro del plazo de tres días, se
pronunciará formalizando o no denuncia ante el Juez Penal Especializado. Si no
formaliza denuncia, la resolución inmediatamente se elevará en consulta al
Fiscal Superior, quien se pronunciará sin trámite alguno en el plazo de
cuarentiocho horas y, si es aprobada, se procederá a la excarcelación
inmediata.
Artículo
6.- Resolución denegatoria del proceso penal. Consulta.
El
Juez Penal, dentro del plazo de tres días de formalizada la denuncia dictará la
resolución que corresponda de conformidad con el artículo 77 del Código de
Procedimientos Penales.
La
resolución que deniega la apertura de instrucción se elevará en consulta
inmediatamente. La Sala sin trámite alguno resolverá la consulta en el plazo de
cuarentiocho horas. La excarcelación se producirá si se aprueba el auto
consultado.
(...)
Artículo
8.- Reglas de prueba específicas en los nuevos procesos
penales.
En
los nuevos procesos instaurados conforme al presente Decreto Legislativo será de
aplicación el fundamento jurídico Nº 160 de la sentencia del Tribunal
Constitucional.
Los
elementos probatorios, sin perjuicio del derecho de contradicción que asiste a
las partes, serán valorados con arreglo al criterio de conciencia conforme al
artículo 283 del Código de Procedimientos Penales, entre
otros:
1.
Los dictámenes o informes técnicos o periciales, los documentos y los informes
solicitados a entidades públicas o privadas.
2.
Las actas de las declaraciones de los arrepentidos llevadas a cabo de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 25499 y su
Reglamento.
3.
Los actos de constatación documentados insertos en el Atestado Policial, tales
como las actas de incautación, de registro, de hallazgo, de inspección técnico
policial, entre otros.
4.
Las manifestaciones prestadas ante la Policía, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 62 y 72 del Código de Procedimientos
Penales.
(...)
Artículo
12.- Reglas procesales específicas.
En
la investigación preliminar y el proceso penal por delito de terrorismo rigen
además las reglas específicas siguientes:
1.
Medidas limitativas de derechos. Durante la investigación preliminar por delitos
de terrorismo que realice la Policía bajo la conducción del Ministerio Público,
inclusive la que de ser el caso lleve a cabo directamente el Fiscal, podrán
dictarse las medidas limitativas de derechos pertinentes a que hacen referencia
las Leyes Nºs. 27379 y 27697, siguiendo el procedimiento que las mismas
establecen.
2.
Incomunicación en sede policial. Detenida una persona por delito de terrorismo
el Fiscal podrá solicitar al Juez Penal que decrete su incomunicación, siempre
que resulte indispensable para el esclarecimiento de los hechos investigados y
por un plazo no mayor de diez días, en la medida que no exceda el de la duración
de la detención. El Juez Penal deberá pronunciarse inmediatamente y sin trámite
alguno sobre la misma, mediante resolución motivada. Ésta es apelable en el
término de tres días, sustanciándose por cuerda separada y la Sala la resolverá
inmediatamente sin trámite alguno.
La
incomunicación no impide las conferencias en privado entre el abogado designado
como defensor y el detenido.
3.
Investigaciones Policiales Complementarias. Iniciado el proceso penal, el Juez
Penal podrá ordenar a la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional,
bajo la conducción del Ministerio Público, la realización de investigaciones
complementarias sobre puntos específicos materia de la instrucción o para el
hallazgo y, en su caso, aseguramiento de documentos o de pruebas practicadas por
la propia Policía u otro órgano del Estado, fijando el plazo correspondiente, a
cuya culminación deberá elevar un Informe documentado conteniendo todas las
diligencias que hubiera realizado. Las partes podrán intervenir en las
diligencias practicadas por la Policía y tendrán acceso a las actuaciones
complementarias realizadas.
4.
Plazo adicional de la instructiva. Excepcionalmente, cuando el procesado se
encuentre recluido en un establecimiento penal fuera del Distrito Judicial de
Lima, la instructiva podrá ser iniciada después de las veinticuatro horas y
hasta el décimo día más el término de la distancia.
5.
Acumulación de procesos. Los procesos por delitos conexos, entre los que se
encuentren los delitos de terrorismo se acumularán ante el Juez Penal que conoce
de estos delitos. La acumulación podrá disponerse de oficio o a pedido de parte.
Corresponde tramitar dicha solicitud y decidir al Juez Penal que conoce del
delito de terrorismo.
En
estos procesos la acumulación se dispondrá cuando resulte necesaria para
garantizar el conocimiento integral de los delitos objeto de instrucción, salvo
que la acumulación ocasione grave y fundado retardo en la administración de
justicia.
Contra
el auto que emite el Juez Penal procede recurso de
apelación.
6.
Medidas de protección. En los procesos, inclusive en las investigaciones
preliminares, por los delitos de terrorismo, podrán dictarse las medidas de
protección previstas en el Capítulo IV de la Ley Nº 27378.
Las
medidas de protección para testigos, peritos o víctimas podrán incluir si así lo
decide la Sala y siempre que sea posible, el uso del medio técnico de video
conferencia para que éstos declaren en el juicio oral.
El
Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo, podrá reglamentar la aplicación de
estas medidas y dictar las disposiciones necesarias, inclusive de organización,
para cumplir con su finalidad.
7.
Facultad disciplinaria del Juez Penal. El Juez Penal en el desarrollo de la
instrucción por delito de terrorismo tiene las siguientes facultades
disciplinarias: