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Nº 260, 17 de agosto del 2006 


 

 PENA DE MUERTE: POPULISMO PENAL

Ernesto de la Jara Basombrío
Consorcio Justicia Viva

   

¿Desconoce Alan García todos los argumentos que se suelen mencionar una y otra vez contra la eficacia de la pena de muerte? En todo caso, durante estos días, muchos especialistas y medios de comunicación se los han reiterado hasta la saciedad, por lo que no los repetiré.

Pero sí me permito recordar las principales conclusiones a las que llegaron en la misma dirección Matilde Ráez y Mariela Falvy, dos psicoanalistas peruanas que, durante 7 años, investigaron a 8 condenados de muerte en el Perú, 5 de los cuales llegaron a ser ejecutados. Fue cuando al general Velasco se le ocurrió la brillante idea de dar una norma (Ley 19910 del 30 de enero del 73) castigando con pena de muerte el homicidio de policías y militares (representantes de la autoridad), dispositivo que se derogó en 1979.

El estudio arrojó claramente: 1) que la aplicación de la pena de muerte no cesa la comisión del delito en cuestión, 2) que dicha pena no significa ni siquiera un castigo para el delincuente, como se cree, 3) que el tipo de mensaje que se emite con este tipo de propuesta es muy peligroso para la sociedad en términos de la mentalidad que se pueda estar sedimentando.

Así lo escribieron con todas sus letras ambas profesionales, después de una serie de estudios: 1) "El asesinato de policías desgraciadamente continuó; saber que existía el riesgo de la pena de muerte no impidió la repetición del delito.", 2) "Creemos que en la mayor parte de los casos, no se logra el objetivo de castigar". Al contrario: "la pena de muerte, en un sentido dinámico, lo que logra como en nuestro estudio, es gratificar finalmente el sentimiento interno de autodestrucción". (Revista Ideele N° 55-56, 1993). 3) Creemos desde la experiencia clínica-psicológica, que además la pena de muerte crea conductas identificatorias muy peligrosas para la sociedad.

Se trata, entonces, de un estudio "made in Perú" que ratifica las conclusiones de otros innumerables estudios, hechos por todas partes del mundo, antes y después.

Por otra parte, ¿desconocen Alan García y sus asesores apristas y no apristas que la propuesta va contra el principio de la progresividad propio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (nunca se puede retroceder lo avanzado) y concretamente contra la Convención Americana, tratado de derechos humanos que tiene norma expresa, prohibiendo la extensión de la pena de muerte a nuevos supuestos. (Artículo 4°.2)

Sostener, como ha hecho el presidente, que sí se puede ampliar los supuestos debido a que cuando se suscribió o ratificó inicialmente la Convención, en 1978, estaba vigente la Constitución de 1933, en la que la pena de muerte estaba contemplaba para una serie de supuestos, entre los que se podría comprender el de los violadores, es una especie de "interpretación auténtica" estilo Fujimori, que no aguanta el menor análisis jurídico.

No importa lo que estaba vigente en ese momento sino el hecho indiscutible de que el Estado peruano, estando ya adscrito -libre y voluntariamente- al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, restringió la pena de muerte solo para un caso: traición a la patria en caso de guerra externa. Por tanto, a partir de ahí se aplica la norma que prohíbe su extensión a otros supuestos.

Imposible "librarse" de la Corte

Es más, cabe sostener, que ni aún cuando el Estado peruano optara por el largo, absurdo y confrontacional camino de 1) denunciar el Pacto de San José, 2) para que al año de dicha denuncia, pretendiera aplicar la pena de muerte, 3) a quien resultara condenado luego de un largo e incierto juicio, 4) por un acto de violación cometido en ese entonces (no ahora), se libraría de la Convención y de la Corte Interamericanas.

¿Por qué? Simplemente porque la obligación jurídica internacional de no extender la pena de muerte ya el Estado Peruano la adquirió definitivamente y para siempre cuando firmó y ratificó la Convención y la competencia de la Corte. Y desde que restringió la pena de muerte al solo supuesto referido, cualquier extensión, sin importar si lo hace estando dentro o fuera del Sistema Interamericano, determina que la Corte pueda seguir tomando cuentas.

¿Existe la remota posibilidad de que el Perú se atrevería a aplicar la pena de muerte, en un caso prohibido por el Sistema Interamericano y en general por todo el derecho internacional de derechos humanos? El costo sería tan grande, que la respuesta es un no retorno.

Entonces ¿por qué aun así sale García y hace de la aprobación de la pena de muerte para violadores una cuestión de Estado, si sabe bien que es en sí misma ineficaz, y que no podrá llegar a ser aplicada con legitimidad jurídica?

La respuesta es la que han dado muchos: tratar de empatar con el sentimiento de indignación que comprensiblemente tiene la gente por los horrorosos casos de violación que han salido últimamente a la luz pública; algo que es obvio que el Presidente García está buscando con premeditación y alevosía, sobre todo cuando está claro que la campaña electoral continúa, tomado en cuenta que en noviembre debemos de elegir autoridades regionales y municipales. 

Por algo es que en la doctrina jurídica y de temas de (in)seguridad a este tipo de medidas destinadas solo a generar efectos especiales, sin mayores consecuencias prácticas, se les denomina de frente: "populismo penal".

Todos sabemos que hay un gravísimo problema de (in)seguridad en el país. Así lo demuestra la última encuesta de victimización hecha por Apoyo por encargo del Ministerio del Interior, con el poyo del BID, o las anteriores hechas por el IDL, con Imasen. En todas ellas, la gran mayoría de la gente opina que la (in)seguridad es el primer o segundo problema en el país, incluso por encima de temas como desempleo o pobreza. Igual un altísimo porcentaje ha declarado en estas encuestas que en el último período ha sufrido un acto de delincuencia común y que está seguro que lo será en los próximos meses. Los indicadores de criminalidad son también alarmantes: más de 1000 casos de violación al año, 20 homicidios por 100,000 habitantes; miles de faltas contra el patrimonio cometidas sin ningún tipo de sanción; 15% del PBI perdido por este tipo de violencia (BID), etc., etc.

Pero a estas alturas se sabe perfectamente que hay dos maneras de enfrentar el tema de (in)seguridad. La vía tradicional, que ha demostrado ya ser ineficaz y hasta ser contraproducente, consistente en una actitud solo reactiva ante cada problema que irrumpe, en base a medidas efectivas como las propuestas en la línea de la pena de muerte, castración o endurecimiento en general de normas y sanciones (la solo mano dura como vara mágica).

Y, de otro lado, la vía moderna, democrática y que comienza a demostrar resultados muy concretos en otros países: el buen diagnóstico, en base a información rigurosa, que lleve a tomar tanto medidas de prevención como de sanción, pero especialmente en espacios locales, en los que es necesaria la participación de distintos actores, bajo un liderazgo político y municipal. Todas las experiencias de inseguridad que han sido refrendadas o revertidas, lo han hecho por este camino, y no por el otro.

De ahí que, más que el tema de la pena de muerte en sí misma, porque es muy difícil que prospere hasta las últimas consecuencias, lo que nos debe de preocupar es la siguiente pregunta: ¿el populismo y la demagogia de Alan García frente al tema de la (in)seguridad es una señal de lo que nos espera como forma de gobierno frente a todo?

Esperamos que no, que sólo se haya tratado de un exabrupto, producto del entusiasmo en que debe estar todavía por haber vuelto a ser Presidente del Perú, cuando hace poco la posibilidad era impensable, o que se explica porque hasta noviembre la política en general sigue bajo el impulso de elecciones.

Terminamos recordando lo que contestaba Lanssiers cuando se le preguntaba sobre este tipo de medidas efectistas y francamente inhumanas. 1) ¿Está usted de acuerdo con la castración de violadores? "No, porque creo que sería un poco tarde". 2) Pero cuando piensa en violadores de niños, no es partidario de la pena de muerte? "Si, pero, solo durante la primera media hora; luego pienso, y ya no lo soy más". 

   

Justicia Viva es un proyecto de "Participación y Fiscalización Ciudadana en la Reforma Judicial", que ejecuta un consorcio integrado por la Facultad y el Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Instituto de Defensa Legal (IDL). 
Las opiniones expresadas en este Portal pertenecen a sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de las instituciones que integran el Consorcio Justicia Viva.

 


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