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¿Desconoce Alan García todos
los argumentos que se suelen mencionar una y otra vez contra
la eficacia de la pena de muerte? En todo caso, durante estos
días, muchos especialistas y medios de comunicación se los han
reiterado hasta la saciedad, por lo que no los
repetiré.
Pero sí me permito recordar las principales
conclusiones a las que llegaron en la misma dirección Matilde
Ráez y Mariela Falvy, dos psicoanalistas peruanas que, durante
7 años, investigaron a 8 condenados de muerte en el Perú, 5 de
los cuales llegaron a ser ejecutados. Fue cuando al general
Velasco se le ocurrió la brillante idea de dar una norma (Ley
19910 del 30 de enero del 73) castigando con pena de muerte el
homicidio de policías y militares (representantes de la
autoridad), dispositivo que se derogó en 1979.
El
estudio arrojó claramente: 1) que la aplicación de la pena de
muerte no cesa la comisión del delito en cuestión, 2) que
dicha pena no significa ni siquiera un castigo para el
delincuente, como se cree, 3) que el tipo de mensaje que se
emite con este tipo de propuesta es muy peligroso para la
sociedad en términos de la mentalidad que se pueda estar
sedimentando.
Así lo escribieron con todas sus letras
ambas profesionales, después de una serie de estudios: 1) "El
asesinato de policías desgraciadamente continuó; saber que
existía el riesgo de la pena de muerte no impidió la
repetición del delito.", 2) "Creemos que en la mayor parte de
los casos, no se logra el objetivo de castigar". Al contrario:
"la pena de muerte, en un sentido dinámico, lo que logra como
en nuestro estudio, es gratificar finalmente el sentimiento
interno de autodestrucción". (Revista Ideele N° 55-56,
1993). 3) Creemos desde la experiencia clínica-psicológica,
que además la pena de muerte crea conductas identificatorias
muy peligrosas para la sociedad.
Se trata, entonces, de
un estudio "made in Perú" que ratifica las conclusiones de
otros innumerables estudios, hechos por todas partes del
mundo, antes y después.
Por otra parte, ¿desconocen
Alan García y sus asesores apristas y no apristas que la
propuesta va contra el principio de la progresividad propio
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (nunca se
puede retroceder lo avanzado) y concretamente contra la
Convención Americana, tratado de derechos humanos que tiene
norma expresa, prohibiendo la extensión de la pena de muerte a
nuevos supuestos. (Artículo 4°.2)
Sostener, como ha
hecho el presidente, que sí se puede ampliar los supuestos
debido a que cuando se suscribió o ratificó inicialmente la
Convención, en 1978, estaba vigente la Constitución de 1933,
en la que la pena de muerte estaba contemplaba para una serie
de supuestos, entre los que se podría comprender el de los
violadores, es una especie de "interpretación auténtica"
estilo Fujimori, que no aguanta el menor análisis
jurídico.
No importa lo que estaba vigente en ese
momento sino el hecho indiscutible de que el Estado peruano,
estando ya adscrito -libre y voluntariamente- al Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, restringió la pena de
muerte solo para un caso: traición a la patria en caso de
guerra externa. Por tanto, a partir de ahí se aplica la norma
que prohíbe su extensión a otros
supuestos.
Imposible "librarse" de la
Corte
Es más, cabe sostener, que ni aún cuando el
Estado peruano optara por el largo, absurdo y confrontacional
camino de 1) denunciar el Pacto de San José, 2) para que al
año de dicha denuncia, pretendiera aplicar la pena de muerte,
3) a quien resultara condenado luego de un largo e incierto
juicio, 4) por un acto de violación cometido en ese entonces
(no ahora), se libraría de la Convención y de la Corte
Interamericanas.
¿Por qué? Simplemente porque la
obligación jurídica internacional de no extender la pena de
muerte ya el Estado Peruano la adquirió definitivamente y para
siempre cuando firmó y ratificó la Convención y la competencia
de la Corte. Y desde que restringió la pena de muerte al solo
supuesto referido, cualquier extensión, sin importar si lo
hace estando dentro o fuera del Sistema Interamericano,
determina que la Corte pueda seguir tomando
cuentas.
¿Existe la remota posibilidad de que el Perú
se atrevería a aplicar la pena de muerte, en un caso prohibido
por el Sistema Interamericano y en general por todo el derecho
internacional de derechos humanos? El costo sería tan grande,
que la respuesta es un no retorno.
Entonces ¿por qué
aun así sale García y hace de la aprobación de la pena de
muerte para violadores una cuestión de Estado, si sabe bien
que es en sí misma ineficaz, y que no podrá llegar a ser
aplicada con legitimidad jurídica?
La respuesta es la
que han dado muchos: tratar de empatar con el sentimiento de
indignación que comprensiblemente tiene la gente por los
horrorosos casos de violación que han salido últimamente a la
luz pública; algo que es obvio que el Presidente García está
buscando con premeditación y alevosía, sobre todo cuando está
claro que la campaña electoral continúa, tomado en cuenta que
en noviembre debemos de elegir autoridades regionales y
municipales.
Por algo es que en la doctrina
jurídica y de temas de (in)seguridad a este tipo de medidas
destinadas solo a generar efectos especiales, sin mayores
consecuencias prácticas, se les denomina de frente: "populismo
penal".
Todos sabemos que hay un gravísimo problema de
(in)seguridad en el país. Así lo demuestra la última encuesta
de victimización hecha por Apoyo por encargo del Ministerio
del Interior, con el poyo del BID, o las anteriores hechas por
el IDL, con Imasen. En todas ellas, la gran mayoría de la
gente opina que la (in)seguridad es el primer o segundo
problema en el país, incluso por encima de temas como
desempleo o pobreza. Igual un altísimo porcentaje ha declarado
en estas encuestas que en el último período ha sufrido un acto
de delincuencia común y que está seguro que lo será en los
próximos meses. Los indicadores de criminalidad son también
alarmantes: más de 1000 casos de violación al año, 20
homicidios por 100,000 habitantes; miles de faltas contra el
patrimonio cometidas sin ningún tipo de sanción; 15% del PBI
perdido por este tipo de violencia (BID), etc.,
etc.
Pero a estas alturas se sabe perfectamente que hay
dos maneras de enfrentar el tema de (in)seguridad. La vía
tradicional, que ha demostrado ya ser ineficaz y hasta ser
contraproducente, consistente en una actitud solo reactiva
ante cada problema que irrumpe, en base a medidas efectivas
como las propuestas en la línea de la pena de muerte,
castración o endurecimiento en general de normas y sanciones
(la solo mano dura como vara mágica).
Y, de otro lado,
la vía moderna, democrática y que comienza a demostrar
resultados muy concretos en otros países: el buen diagnóstico,
en base a información rigurosa, que lleve a tomar tanto
medidas de prevención como de sanción, pero especialmente en
espacios locales, en los que es necesaria la participación de
distintos actores, bajo un liderazgo político y municipal.
Todas las experiencias de inseguridad que han sido refrendadas
o revertidas, lo han hecho por este camino, y no por el
otro.
De ahí que, más que el tema de la pena de muerte
en sí misma, porque es muy difícil que prospere hasta las
últimas consecuencias, lo que nos debe de preocupar es la
siguiente pregunta: ¿el populismo y la demagogia de Alan
García frente al tema de la (in)seguridad es una señal de lo
que nos espera como forma de gobierno frente a
todo?
Esperamos que no, que sólo se haya tratado de un
exabrupto, producto del entusiasmo en que debe estar todavía
por haber vuelto a ser Presidente del Perú, cuando hace poco
la posibilidad era impensable, o que se explica porque hasta
noviembre la política en general sigue bajo el impulso de
elecciones.
Terminamos recordando lo que contestaba
Lanssiers cuando se le preguntaba sobre este tipo de medidas
efectistas y francamente inhumanas. 1) ¿Está usted de acuerdo
con la castración de violadores? "No, porque creo que sería un
poco tarde". 2) Pero cuando piensa en violadores de niños, no
es partidario de la pena de muerte? "Si, pero, solo durante la
primera media hora; luego pienso, y ya no lo soy
más".
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