El Consorcio Justicia Viva es una institución integrada por el Instituto de Defensa Legal y la Facultad y Departamento Académico de Derecho de la Pontifica Universidad Católica del Perú.

EL DESAFÍO: REFUNDAR LA JUSTICIA
A pesar de las dificultades y problemas que enfrentamos como país, son tiempos de oportunidades. 
Tiempo de oportunidades que debemos de asumir en toda su dimensión y complejidad para un gran desafío: 
Desencadenar las condiciones y los procesos necesarios para un nuevo pacto político y social entre quienes queremos verdaderamente una “refundación de la justicia” en el Perú. Procesos que desde el comienzo deberán tener una clara orientación hacia una justicia independiente, fuerte, moderna, eficaz, transparente, respetada, abierta a la sociedad y, sobre todo, recta y sensible, especialmente cuando se trata de proteger los derechos fundamentales de todos, fijar límites en el ejercicio del poder y permitir un mayor acceso de la población más vulnerable e indefensa a la administración de justicia.

OPORTUNIDADES 
Las oportunidades que hay que aprovechar se han abierto, una vez que se inició en el país la transición democrática: 
- Voluntad política y social: todos lo sectores políticos han expresado voluntad de no injerencia en el sistema judicial, voluntad que estará sometida a una serie de tensiones, como de hecho ya lo está, pero que resulta clave exigir y preservar
- Demanda histórica vital: Una auténtica reforma judicial constituye una demanda histórica
permanentemente postergada. 
- Fuerza interna para el cambio: hoy existe un sector de jueces y fiscales aunque todavía   
minoritario claramente comprometido con el cambio. 
- Sociedad civil: el que los distintos sectores de la sociedad civil hayan
cumplido un rol fundamental en la recuperación de la democracia ha
incrementado su legitimidad para participar en el diseño y ejecución de las políticas públicas. 
- Dinamismo: una serie de realidades vinculadas a la administración de justicia están en movimiento (reforma constitucional, modificación de leyes orgánicas, nombramiento de magistrados, entre otros). 
- Respaldo internacional: hay un compromiso de la comunidad internacional con la consolidación de la democracia en el Perú, como una manera de fortalecer la gobernabilidad democrática en el país y en la región. Compromiso con un especial énfasis de administración de justicia.

AVANCES 
Se han producido ya avances que demuestran que paralelamente a los procesos de largo aliento que se requieren, se puede ir revirtiendo situaciones y consiguiendo logros. Avances como la reinstitucionalización en algunos ámbitos / La labor anticorrupción / La creación de instancias especializadas para casos de derechos humanos / La reactivación de la justicia constitucional / La restricción de la justicia militar / La presencia pública de magistrados en concordancia con la naturaleza de su función / Los mayores niveles de fiscalización de la sociedad civil. 
De este tipo de avances depende en parte la consolidación de la democracia en el país, y, a su vez son indicadores de qué tanto se ha producido dicha consolidación.

IMPULSO PERMANENTE DE CAMBIOS 
Identificar oportunidades y avances no quiere decir que desconozcamos la tensión todavía no resuelta entre una corriente a favor del cambio y otra adversa. 
Es por eso que pretendemos ser, como proyecto y consorcio, estímulo (impulso) permanente de cambios: 
- Cambios orientados a revertir los problemas de fondo que han caracterizado históricamente a la administración de justicia. 
- Cambios para continuar con la desarticulación de la red de intervención y corrupción de la década pasada. 
- Cambios que permitan a la justicia responder eficazmente a las necesidades
y demandas propias de las actuales circunstancias del país: 

- Control del poder político / Resolución de conflictos económicos y sociales /
Protección de derechos humanos / Seguridad jurídica para la inversión /
Lucha anticorrupción / Terrorismo / Delincuencia común. 
- Cambios para ir erradicando la parte crítica, pero, paralelamente, para la redignificación del Poder Judicial y del Ministerio Público. 
- Cambios para generar una cultura judicial democrática y moderna.

LÍNEAS DE ACCIÓN 
Pretendemos ser estímulo o impulso de este tipo de cambios: 
- Siendo fuente de información, ideas y propuestas, con creatividad y calidad técnica, pero, a la vez, con capacidad de movilizar a distintos sectores sociales del país por responder a necesidades y prioridades reales. 
- Creando vías y espacios para la expresión tanto de los distintos ámbitos del Estado relacionados con la justicia cuanto de la sociedad civil; vías y espacios que deberán servir también para el diálogo, debate, consenso, disenso y acción conjunta entre Estado y sociedad y entre distintos sectores de la sociedad. 
- Propiciando mecanismos que permitan desarrollar habilidades y capacidades que los cambios mencionados exigen de todos nosotros, en el Estado y en la sociedad civil. 
- Incorporando en términos de justicia la realidad local y regional en el debate nacional; y a su vez, la perspectiva nacional en el debate local y regional. 
- Poniendo en el debate público temas que permitan avanzar como colectividad hacia una cultura judicial democrática. 
- Propiciando condiciones que hagan posible que desde el interior mismo del sistema judicial se promueva la apertura de la justicia hacia la sociedad. 
- Incorporando en redes sociales la preocupación por la actuación de la justicia. 
- Desarrollando estrategias para que los medios de comunicación puedan ser fuente de información e impulso de cambio en la misma dirección. 
- Generando iniciativas que permitan una alianza entre todas las personas e instituciones que creen que un nuevo pacto social en torno de la refundación de la justicia es fundamental para que el pasado no se repita y para nuestro horizonte futuro. 
- Creando espacios para dialogar con experiencias internacionales y de otros países.   
- Fortaleciendo el rol de las asociaciones de magistrados a favor de una justicia democrática, eficiente e íntegra.

COORDINACIÓN CON OTRAS INSTANCIAS E INSTITUCIONES
En el proyecto se contempla realizar actividades conjuntas con otras instancias o instituciones del Estado (Defensoría del Pueblo, ministerios, comisiones del Congreso, cortes superiores, Policía, etcétera) y de la sociedad civil, especialmente organizaciones locales ubicadas en diferentes partes del país. Asimismo, algunas de las actividades se llevarán a cabo en coordinación con entidades internacionales o de otros países.

PERSPECTIVAS Y PRIORIDADES
En el marco del diagnóstico, objetivos y niveles e acción planteados, queremos explicitar que nos une la identificación con las siguientes perspectivas o prioridades: 
- Independencia de criterio. 
- Pluralidad. 
- Perspectiva democrática y de defensa de derechos fundamentales. 
- La justicia como límite frente al ejercicio del poder. 
- Mayor acceso a la justicia (multiculturalidad). 
- Participación y fiscalización de los distintos sectores de la sociedad civil 
- Diálogo Estado-sociedad civil 
- Proyección nacional.