REFORMAS LEGALES

PROPUESTA PARA LA REFORMA CONSTITUCIONAL PERUANA EN EL TEMA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

Documento elaborado por el Grupo de Expertos convocado por el Consorcio Justicia Viva


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


1.- ANTECEDENTES Y NATURALEZA DE LA PROPUESTA

El Instituto de Defensa Legal - IDL, la Facultad y el Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia han conformado un consorcio denominado Justicia Viva, para la ejecución del proyecto "Participación y vigilancia por la justicia" con el apoyo de la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional de los estados Unidos (USAID). 

Como una de las líneas de acción previstas en el Proyecto, se procedió a convocar a expertos en la materia constitucional relacionada con el tema de la impartición de justicia, a fin de que analicen el contenido del actual Proyecto de Reforma Constitucional en este campo y elaboren algunas propuestas y recomendaciones a ser remitidas al Congreso y difundidas en la comunidad jurídica y la opinión pública. 

Este grupo de expertos estuvo integrado por los doctores: Jorge Avendaño, Javier de Belaunde, Francisco Eguiguren (Coordinador), Eloy Espinosa-Saldaña, Carlos Montoya, Juan Monroy, César San Martín y José Ugaz. Se conformó también una Secretaría Técnica del grupo, integrada por el Coordinador, por el doctor Espinosa-Saldaña y con el apoyo de Karin Castro y Liliana Muguerza. El grupo sostuvo diversas reuniones de trabajo durante un lapso de aproximadamente tres meses, sus integrantes elaboraron documentos para la discusión o formularon propuestas en los temas objeto de reflexión. A partir de ello, la Secretaría Técnica elaboró la presente Exposición de Motivos y una propuesta de normas sobre la materia, recogiendo los principales aportes y los puntos de mayor acuerdo entre los expertos. 

En consecuencia, ambos documentos no expresan ni comprometen las opiniones o planteamientos del conjunto de los expertos ni su parecer individual sobre los temas analizados. Tampoco expresan ni comprometen una posición institucional del Consorcio Justicia Viva ni de ninguna de las instituciones que lo integran.


2.- CONTENIDO DE LA PROPUSTA

2.1.- PODER JUDICIAL Y ACTIVIDAD JURISDICCIONAL

2.1.1.- IMPARTICION DE JUSTICIA 
(Artículos 189° del Proyecto y 1° de la Propuesta)

El Grupo de Expertos convino en que para abordar y regular el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el Perú, era necesario abandonar la noción tradicional de "administración de justicia", concepto cuya pertinencia es equívoca. Y es, que tal como ya aparece en la propuesta de Reforma Constitucional, cuyo antecedente puede verificarse en los lineamientos establecidos por la Comisión de Bases para la Reforma Constitucional, y no por una cuestión meramente de denominación jurídica o de nomen iuris, lo apropiado es referirnos a tan importante tarea estatal en términos de "impartición de justicia".

Ello se debe a que la labor que desempeña un juez no se limita al rol de un mero administrador. El usar el término "impartir justicia" está más bien vinculado a la irrupción de una nueva concepción, un contenido distinto y más comprometido de la labor del juzgador con los principios y valores que inspiran a un verdadero Estado Constitucional. 


21.2.- NOCIÓN RESTRICTIVA DE JURISDICCIÓN 

A fin de establecer un marco jurídico constitucional y legal que consolide y siente las bases de la modernización de esta importante actividad estatal, se ha optado por una concepción restringida de "jurisdicción", la misma que hace referencia a un "poder-deber del Estado, previsto para solucionar conflictos de intereses intersubjetivos, controlar las conductas antisociales (faltas o delitos) y también la constitucionalidad normativa, en forma exclusiva y definitiva, a través de órganos especializados que aplican el derecho que corresponde al caso concreto, utilizando su imperio para que sus decisiones se cumplan de manera ineludible, y promoviendo a través de ellas una sociedad con paz social en justicia" (Monroy Gálvez, Juan. Introducción al Proceso Civil. Santa Fe de Bogotá, Temis, 1996. p.213 ).

Se afirma entonces una configuración de las tareas jurisdiccionales como una responsabilidad estatal a materializarse principalmente mediante la labor de un Poder Judicial o judicatura ordinaria. Ello tiene particular importancia en el Perú, ya que si existe algún concepto cuyo tratamiento es poco claro o riguroso en los textos constitucionales de 1979 y 1993, éste es el de jurisdicción. Ello ha buscado ser remediado con lo previsto en la presente propuesta en donde, por un lado, se califica como jurisdiccional exclusivamente las labores del Poder Judicial (o judicatura ordinaria) y del Tribunal Constitucional; y, por otro, se ha procedido a otorgar un reconocimiento a nivel constitucional a los denominados medios alternativos de composición de conflictos (arbitraje, mediación y conciliación), así como a aquellas pautas de solución de controversias basadas en el Derecho consuetudinario, sin otorgarles carácter jurisdiccional. La importancia de estos mecanismos es indudable y por ello merecen una consagración constitucional y protección especial, aun cuando en rigor no tengan carácter jurisdiccional.


2.1.3.- "JUSTICIA MILITAR" 
(Artículos 201° del Proyecto y 1° de la Propuesta)

Ha sido muy cuestionable, tanto en el plano teórico como de su funcionamiento práctico, la atribución que confirió la Carta de 1993 a la "Justicia Militar" como un fuero jurisdiccional autónomo, distinto y paralelo al Poder Judicial, configurando una excepción al principio constitucional de unidad de la función jurisdiccional. Nuestra propuesta, conforme se aprecia en el segundo párrafo de su artículo primero, en concordancia con lo señalado en el artículo 201º del Proyecto de Reforma, considera más bien la existencia de juzgados y salas especializadas dentro del Poder Judicial, como instancias destinadas a resolver los casos en los que se impute la comisión de delitos de función, es decir, ilícitos penales estrictamente castrenses a militares en actividad. Esta judicatura estaría a cargo de magistrados especializados en lo militar, designados según las mismas pautas para el concurso y nombramiento de magistrados del Poder Judicial. Obviamente las faltas e infracciones disciplinarias castrenses, que no configuren delitos, serían objeto de sanción en el propio ámbito militar. 

Al optar por incorporar al Poder Judicial un ámbito especializado penal militar, parece innecesario insistir en explicitar en la norma constitucional que la acción de estas salas y juzgados de la judicatura ordinaria especializada en lo militar no se extenderá al juzgamiento de civiles. Indudablemente la situación vivida en épocas recientes en nuestro país explicaría la reiteración del punto en el Proyecto de Reforma, pero consideramos que con la fórmula propuesta el asunto queda zanjado pues esta judicatura especializada sólo sería competente para juzgara militares en actividad. 


2.1.4.- MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS
(Artículos 200° del Proyecto y 3° de la Propuesta)

La propuesta reconoce, en el segundo párrafo de su artículo tercero, la existencia de técnicas no jurisdiccionales de solución de conflictos e incertidumbres jurídicas, como la conciliación, la negociación y el arbitraje; coincidiendo con el artículo 200º del Proyecto de Reforma Constitucional. Ello se debe a la constatación de la importancia que han cobrado en la actualidad, lo cual hace necesario su reconocimiento a nivel constitucional, pero sin necesidad de atribuirles naturaleza jurisdiccional.


2.1..5.- JUSTICIA COMUNAL O TRADICIONAL
(Artículos 189º del Proyecto y 3° de la Propuesta)

Nuestra propuesta parte por reconocer la relevancia social que tienen y han tenido los mecanismos de composición de conflictos propios de diversos sectores de nuestra población. La denominada justicia comunal o tradicional debe entonces contar con un reconocimiento constitucional, aún cuando en rigor no se ajuste al concepto de jurisdicción que venimos manejando.

Ahora bien, el reconocimiento de esta importante forma de composición de conflictos no está reñido con el entender que ésta deberá ejercerse dentro de los límites que implica el respeto de los derechos fundamentales. Además, resulta indispensable a existencia de una ley que prescriba los necesarios espacios de coordinación entre las labores del Poder Judicial y los mecanismos de composición de conflictos existentes a nivel comunal. Ello explica el sentido de la prescripción expresa que consignamos al respecto en el artículo tercero de la propuesta. Al respecto, cabe destacar que se ha introducido una precisión con relación a lo indicado en el artículo 189º del Proyecto de Reforma, eliminando la alusión que hace a "procesos'' por no ser congruente con la concepción restringida de jurisdicción que hemos asumido.


2.1.6.- CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD
(Artículos 198° del Proyecto y 5° de la Propuesta)

En el tema de control de constitucionalidad de las normas, nuestra propuesta señala en su artículo 5º que cualquier decisión judicial de último grado que resuelva la inaplicación de una norma por considerarla inconstitucional (es decir, que ejerce el denominado control difuso) deberá ser necesariamente revisada por el Tribunal Constitucional en observancia de un criterio de unidad y certeza de la jurisprudencia, así como de seguridad jurídica. Retomaremos esta materia con mayor detalle al abordar la temática del Tribunal Constitucional. 


2.1.7- . ORGANOS DE GOBIERNO
(Artículos 193º del Proyecto y 4º de la Propuesta)

Siguiendo la línea de la Constitución vigente, nuestra propuesta (en su artículo 4º) coincide en la necesaria distinción entre órganos jurisdiccionales y órganos de gobierno y administración del Poder Judicial. Además, en el segundo párrafo del citado artículo se consagra al Consejo de Gobierno como órgano a cargo del gobierno del Poder Judicial. 

Es importante resaltar que nuestra propuesta precisa que formarán parte de Consejo de Gobierno, además del Presidente de la Corte Suprema (que tendrá a su cargo la presidencia del mismo), magistrados de los diferentes niveles dentro de la judicatura ordinaria, así como un representante elegido entre los miembros de todos los colegios de abogados del país, y dos profesores principales elegidos uno por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y el otro por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas. Como se aprecia, se propone ampliar la participación de las instancias representativas de la sociedad civil, pues el artículo 193º del Proyecto de Reforma sólo otorga presencia en este órgano (además de los magistrados) a un decano o ex decano, elegido por los colegios de abogados del país.


2.1.8.- PRINCIPIOS DE LA FUNCION JURISDICCIONAL
(Artículos 192º del Proyecto y 1° de la Propuesta)

La determinación de los principios que inspiran el desarrollo de la función jurisdiccional es también un tema de singular relevancia, sobre todo si constatamos que tanto la Constitución de 1979 como el Texto de 1993 tienen un tratamiento poco adecuado de estas materias. Ello se da, en primer lugar, debido a que se tiende a confundir principios o derechos que inspiran la función jurisdiccional con garantías o derechos del juez y el fiscal y algunos derechos del justiciable en el proceso (el artículo 139º de la Carta de 1993 es una irrefutable muestra de lo que acabamos de mencionar). En segundo término, en mérito a que lo prescrito actualmente como alcances de principios, como los de unidad o exclusividad, está lleno de ambigüedades y deficiencias.

Es por ello que nuestra propuesta busca dar un tratamiento sistemático a materias tan relevantes como los que acabamos de reseñar; además, precisa mejor el contenido de los principios finalmente consignados. Los derechos y garantías del juez y el fiscal, así como aquellas manifestaciones del debido proceso o la tutela procesal efectiva que únicamente se presentan en el escenario judicial, son temas abordados en artículos distintos de aquellos en donde se desarrollan conceptos como los de unidad o exclusividad, por solamente referirnos a dos ejemplos al respecto. Concordamos en que las otras expresiones de estos derechos deben estar más bien consignadas en aquel apartado del futuro texto constitucional donde se aborde el tema de los derechos fundamentales, tal como de alguna forma parece ya estar haciéndolo el Proyecto de Reforma en debate en el Congreso de la República.

Por otro lado, el tratamiento del principio de unidad variará radicalmente cuando, usando aquí una comprensión restringida y más propia del concepto de jurisdicción, hemos optado por no considerar como excepción a este principio de unidad al arbitraje, actividad que en rigor no es jurisdiccional y que, sin duda, merece un reconocimiento constitucional, al igual que otros medios no jurisdiccionales de composición de conflictos como la conciliación o la negociación, aunque en un precepto distinto de aquel que aquí estamos reseñando.


2.1.9.- DEBIDO PROCESO EN EL ESCENARIO JUDICIAL
(Artículos 192 º del Proyecto y 10º de la Propuesta)

Las garantías constitucionales de la ley penal, aun cuando están relacionadas con el escenario judicial y, sobre todo, con la tutela procesal en el ámbito penal, no son en rigor aspectos o manifestaciones del debido proceso, sino derechos constitucionales materiales. Por el contrario, garantías criminales como la de establecer la imposibilidad de una condena penal sin proceso judicial previo sí son garantías procesales penales. Ello explica por qué nuestra propuesta no hace referencia a algunos apartados del artículo 139º de la Carta de 1993, los que para nosotros deben consignarse en el capítulo de derechos, manteniéndose, eso sí, una mención dentro del texto que hemos trabajado a aquello que en puridad sí correspondería abordar en este tema.


2.1.10.- DECISIONES DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES Y EL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
(Artículos 216º y 236º del Proyecto y 9º de la Propuesta)

La Carta de 1993 establece que no son revisables en sede judicial las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, así como las del Consejo Nacional de la Magistratura en asuntos como la ratificación o la imposición de la sanción de destitución a magistrados. Nuestra propuesta mantiene el criterio de irrevisabilidad de estas resoluciones ante la judicatura ordinaria, pero deja abierta la posibilidad de recurrir para su revisión por el Tribunal Constitucional en caso de falta de motivación o de vulneraciones al debido proceso que produzcan la violación de derechos fundamentales.


2.2.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

2.2.1.- SUPREMO INTÉRPRETE DE LA CONSTITUCIÓN

El Tribunal Constitucional es definido por el artículo 12º de nuestra propuesta como el supremo intérprete de la Constitución, superando así una acusada deficiencia del texto constitucional vigente. Se indica que estará integrado por nueve magistrados elegidos por el Congreso de la República, con el acuerdo de los dos tercios de sus miembros, a propuesta del Senado, coincidiendo con lo previsto en el Proyecto de Reforma Constitucional.


2.2.2.- COMPETENCIAS
(Artículos 15º de la Propuesta y 209º del Proyecto)

Nuestra propuesta respalda, en general, los preceptos ya aprobados por el actual proceso de reforma constitucional en este campo. Es por ello que se le reconoce al Tribunal Constitucional la facultad de conocer y resolver en único grado los Procesos de Inconstitucionalidad, de Acción Popular y los Procesos Competenciales, así como de resolver en último grado los procesos de Hábeas Corpus, Amparo, Hábeas Data y Cumplimiento. Por el mismo motivo, no busca plantearse cambios a lo previsto sobre legitimidad procesal activa en los procesos antes señalados.

Cabe si subrayar que en nuestra propuesta se introduce una novedosa prescripción en materia de control de la constitucionalidad de las normas, buscando afianzar el papel del TC en este campo y velar por una mayor coherencia de la jurisprudencia para evitar la inseguridad jurídica que puede originar la coexistencia de resoluciones judiciales contradictorias respecto a la evaluación de la constitucionalidad de las normas. Para ello se propone que el Tribunal Constitucional será competente para conocer y resolver en último grado las sentencias judiciales que declaran la inaplicación de una norma por considerarla inconstitucional. 

Como es sabido, actualmente (en virtud de lo prescrito por el artículo 138º del Texto Constitucional vigente) cuando un juez al conocer de cualquier proceso encuentra incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, debe inaplicar ésta última al caso concreto. Dicha decisión, en caso de no ser apelada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 14º de la Ley Orgánica del Poder Judicial es elevada en consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema, a fin de que ésta se pronuncie sobre la respectiva inaplicación, aprobándola o desaprobándola, decisión que será definitiva y nunca llegará a revisión por el Tribunal Constitucional.

No obstante, curiosamente en el caso de los procesos de Hábeas Corpus, Amparo, Hábeas Data o Cumplimiento, el trámite es distinto: si en la sentencia judicial definitiva (sea de primera o segunda instancia) se ha inaplicado una norma legal por encontrarla contraria a la Constitución, dicha decisión no se somete a revisión por la Corte Suprema mediante el mecanismo explicado anteriormente. Tampoco está sujeta a revisión por el Tribunal Constitucional, por lo que si el demandante obtiene una respuesta favorable ante el Poder Judicial el proceso concluiría en dicho órgano. Sin embargo, si el demandante no ha obtenido sentencia judicial favorable puede interponerse el Recurso Extraordinario de Revisión ante el Tribunal Constitucional y éste será el encargado de pronunciarse sobre lo resuelto por el Poder Judicial. 

Por su parte, de acuerdo al artículo 200º de la Constitución vigente, el Tribunal Constitucional ostenta, entre otras, la función de declarar una norma inconstitucional y expulsarla del ordenamiento jurídico, por resultar contraria a la Constitución. Pues bien, muy a despecho de que el Tribunal Constitucional es definido por el actual Texto Constitucional como el órgano de control de la constitucionalidad, y pese a la existencia de normas legales que se inclinan hacia su condición de supremo intérprete de la Constitución, la ausencia de uniformidad en materia de interpretación constitucional existente, originada en parte por la carencia de un mecanismo "unificador" en ese sentido, hace necesaria la incorporación de una disposición específica al respecto a fin de brindar mayor previsibilidad y seguridad jurídica, sobre todo con la intención de asegurar el respeto del derecho fundamental a un trato procesal igualitario que asiste a toda persona. 

En consecuencia, la modificación propuesta se encuentra dirigida a afianzar el papel rector del Tribunal Constitucional en materia de interpretación de la Constitución y de la defensa del principio de constitucionalidad de las normas, buscando también evitar y prevenir posibles colisiones de criterios entre el Poder Judicial (o judicatura ordinaria) y el Tribunal Constitucional. No debemos perder de vista que las consecuencias derivadas de la falta de unidad en materia de interpretación constitucional no se limitan a la generación de un clima o escenario de inseguridad jurídica, sino que adicionalmente, y con mayor gravedad, dan origen a severas injusticias puesto que, como se esbozó anteriormente, los justiciables no reciben un trato igualitario ante circunstancias similares, originándose así situaciones de arbitrariedad que no pueden ser ignoradas. 

Cabe añadir además que la opción que acoge la propuesta que venimos comentando tiene la virtud de posibilitar el control de la constitucionalidad en cualquier tipo de proceso, a la par de establecer al más alto nivel normativo un mecanismo que permite revertir las disfuncionalidades originadas en torno al control de la constitucionalidad de las normas. Quedaría a cargo del Congreso de la República la regulación de los efectos del mecanismo de revisión que se propone incorporar, así como de los demás aspectos pertinentes.

Por otro lado, el inciso e) del artículo 15º de nuestra propuesta regula como función adicional del Tribunal Constitucional (en concordancia con lo prescrito en el artículo 21º de nuestro texto, y del artículo 216º inciso 2) del proyecto) el conocer y resolver las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia disciplinaria que importen afectación del derecho al debido proceso. Esta medida permitiría que el Tribunal Constitucional ingrese a conocer y evaluar las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura en las que estime que se podrían haber vulnerado derechos fundamentales, ofreciendo además un mecanismo que posibilitaría a los magistrados acceder a un proceso a fin de tutelar sus derechos vulnerados. La ley orgánica respectiva sería la encargada de regular lo concerniente a su admisión, procedencia y demás aspectos necesarios.


2.2.3.- EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
(Artículos 21º de la Propuesta y 211º del Proyecto)

Nuestra propuesta comparte lo prescrito en el artículo 211º del proyecto y otorga la calidad de cosa juzgada a las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en aquellos procesos cuya finalidad específica es la tutela de derechos fundamentales, precisando además que lo resuelto en los procesos de inconstitucionalidad y competenciales goza de fuerza de ley frente a las entidades públicas y los particulares. A su vez, el último párrafo del referido artículo de la propuesta incorpora una novedad al indicar que "las sentencias que declaran una norma inconstitucional no tienen efecto retroactivo, salvo en los casos y alcances que el mismo Tribunal defina". Esta última aseveración responde a la constatación de que, en tanto los pronunciamientos del Tribunal Constitucional despliegan sus efectos en el tiempo creando y modificando situaciones jurídicas, resulta necesario que al declarar la inconstitucionalidad de una norma legal se tomen las previsiones del caso a fin de evitar situaciones de incertidumbre e inseguridad jurídica. 

La realidad ha demostrado que, en muchas oportunidades, resulta insuficiente pronunciarse sólo respecto de la inconstitucionalidad de una norma y proceder a su expulsión del ordenamiento jurídico, sin atender a las consecuencias que se desprenden de dicha declaración. Ello puede ocasionar la generación de situaciones poco deseadas, lo cual sin duda debe ser evitado. Por ello, en la actualidad la tendencia mundial es la de favorecer este tipo de previsiones y facilitar la adopción de las medidas que eviten situaciones como las recientemente reseñadas. Esto constituye lógica consecuencia de reconocer al Tribunal Constitucional como el supremo intérprete de la Constitución. Contemplando entonces todo lo descrito, en esta propuesta se establece una fórmula que le permite al Tribunal Constitucional desarrollar su labor interpretativa bajo condiciones adecuadas, gracias a las cuales podrá cumplir con sus funciones a cabalidad.


2.3.- CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

2.3.1.- COMPOSICION
(Artículos 19º de la Propuesta y 213º del Proyecto)

La Constitución de 1993 confiere al Consejo Nacional de la Magistratura la calidad de órgano constitucional autónomo, lo cual es reafirmado por el proyecto de Ley de Reforma Constitucional y por nuestra propuesta. Sin embargo, proponemos que sean ocho sus integrantes, a diferencia de lo previsto en el proyecto donde se dispone que se encontrará integrado por nueve miembros, quienes no podrán ser reelegidos. Al respecto, debemos indicar que nos inclinamos por reducir a dos miembros la participación de los colegios profesionales del país (distintos de los colegios de abogados) a diferencia de lo establecido en este punto por el proyecto que señala que se elegirán tres miembros.

El artículo 19º de nuestra propuesta mantiene en líneas generales a las mismas instituciones encargadas de la designación de los consejeros. Es importante anotar como, en consonancia con lo previsto en los incisos 1) y 2) del artículo 213º del Proyecto de Reforma Constitucional, se establece que la Sala Plena de la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos, según sea el caso, designarán a un miembro ante el mencionado órgano constitucional. Asimismo, en el caso de los consejeros provenientes de las universidades, el inciso f) del artículo 19º de la propuesta introduce una ligera modificación, pues propone se designen dos profesores cuya elección sería responsabilidad de los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas respectivamente, mientras que el proyecto en debate en el Congreso prescribe que la elección se encontrará a cargo de los miembros de los consejos universitarios.

Nuestra propuesta también introduce novedades encaminadas a garantizar un eficaz funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura, habida cuenta de las importantes funciones que le son reconocidas, las cuales además se verían incrementadas, conforme se comentará en su momento. En esa dirección, el segundo párrafo del artículo 19º dispone que su Presidente, elegido entre sus miembros, tendrá voto dirimente en los casos de empate. Se busca así facilitar la toma de acuerdos al interior del Consejo y prevenir eventuales obstáculos a su actuación. Adicionalmente, se contempla la existencia de miembros suplentes, disposición que si bien a primera impresión puede parecer innecesario consignarla en un texto constitucional, pretende así dotar al Consejo de todas las herramientas que le fueran necesarias que le son propias.

2.3.2.- COMPETENCIAS
(Artículos 21º de la Propuesta y 216º del Proyecto)

En el artículo 21º de nuestra propuesta se detallan las funciones y competencias a encomendarse al Consejo Nacional de la Magistratura. Ellas son la selección y nombramiento, previo concurso público, de los jueces y fiscales de todos los niveles, (salvo cuando provengan de elección popular); la promoción a la categoría inmediatamente superior a los jueces y fiscales de primer y segundo grado; la investigación en forma permanente de la conducta funcional de los jueces y fiscales, así como la aplicación de las sanciones a que haya lugar; y, la extensión y cancelación del título oficial correspondiente para los magistrados que designe. 

Con relación a la promoción de los jueces y fiscales, que el inciso b) del artículo 21º de la propuesta reconoce como una de las competencias del Consejo, debemos señalar que si bien ésta se encuentra reconocida de manera explícita en el artículo 212º del Proyecto, y de forma implícita en la actual Constitución, la cual ya define al Consejo como el órgano encargado de la selección y nombramiento de los jueces y fiscales, resulta positivo y necesario precisar que esta labor será realizada previo concurso de méritos, concurso que, como ya anotáramos anteriormente, deberá gozar de las garantías necesarias para asegurar su transparencia. La razón de ello radica en la necesidad de salvaguardar una actuación respetuosa de los derechos fundamentales de quienes tienen a su cargo la trascendente función de impartir justicia y de aquellos que contribuyen con esta tarea, más aún, si conforme señala el último párrafo del artículo 9º de la presente propuesta, las resoluciones del Consejo de la Magistratura en materia de nombramiento, evaluación o sanción de jueces y fiscales no son revisables por el Poder Judicial. 

En lo relativo al régimen disciplinario, nuestra propuesta mantiene lo prescrito en el proyecto de reforma actualmente en debate, señalando que el Consejo Nacional de la Magistratura investigará en forma permanente la conducta funcional de los jueces y fiscales y les aplicará las sanciones a que haya lugar. Todo ello sin duda, con respeto a un debido proceso, siendo la resolución definitiva del Consejo impugnable ante el Tribunal Constitucional sólo si afecta este derecho fundamental. 

Como se puede advertir, lo planteado en el proyecto y nuestra propuesta en el ámbito disciplinario constituye una novedad con relación a lo regulado en la Constitución vigente, que prescribe en el inciso 3) de su artículo 154º que el Consejo Nacional de la magistratura es competente para destituir a los jueces de la Corte Suprema y a los Fiscales Supremos, así como también a los jueces y fiscales de primera y segunda instancia, siempre que medie el pedido de la Corte Suprema de Justicia o de la Junta de Fiscales Supremos, según sea el caso. Resulta también novedosa la previsión del Proyecto, y que es acogida por nuestra propuesta, referida a que el Consejo tendrá a su cargo la investigación permanente de la conducta funcional de los jueces y fiscales, así como la aplicación de todas las sanciones a que haya lugar.


2.4.- ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
(Artículos 22º de la Propuesta y 218º del Proyecto)

La Academia de la Magistratura, encargada de la formación y capacitación de los jueces y fiscales, se encuentra regulada en el artículo 22º de nuestra propuesta, ubicado dentro del Capítulo X de la misma dedicado al Consejo Nacional de la Magistratura. Según se indica, forma parte de éste último, a pesar de lo cual se le reconoce autonomía administrativa, económica y académica. Se difiere en este aspecto de lo indicado en el Proyecto de Ley de Reforma Constitucional, que la regula de manera separada a los demás órganos vinculados a la función jurisdiccional, colocándola más bien en el Capítulo XII, relativo a las relaciones entre el Poder Judicial y los órganos vinculados a la impartición de justicia, fórmula por la cual si bien le otorga reconocimiento a nivel constitucional, no permite establecer mayores precisiones respecto a su autonomía. 

En este aspecto, nuestra propuesta pretende que la labor de la Academia de la Magistratura encuentre el margen de vinculación necesario con la actuación del Consejo en vista de la complementariedad existente entre las funciones que desempeñan ambos órganos. Como es sabido, la actual Carta Política ubica a la Academia de la Magistratura en el Capítulo referido al Poder Judicial, y señala que ésta forma parte de aquél, ubicación que resulta incoherente con la función que desempeña la Academia puesto que, como se sabe, es la encargada de formar y capacitar tanto a los jueces como a los fiscales para efectos de su selección, siendo además requisito para el ascenso de los miembros del Poder Judicial, y del Ministerio Público la aprobación de los cursos que ésta imparta.


2.5.- MINISTERIO PÚBLICO

2.5.1.- COMPETENCIAS Y ESTATUTO DEL FISCAL
(Artículos 23º y 24º de la Propuesta y 202º y 203º del Proyecto)

El Capítulo XI de nuestra propuesta se encuentra destinado a regular las competencias del Ministerio Público. Se le reconoce, al igual que la Constitución actual y el Proyecto de Reforma Constitucional, la calidad de órgano constitucional autónomo, asignándosele básicamente las mismas competencias que le son reconocidas por la Constitución vigente, sistematizadas eso sí de manera más adecuada. Estas son las siguientes: 

a) Promover, de oficio o a petición de parte, la tutela judicial de la legalidad, de los derechos humanos y de los intereses públicos; 
b) Ejercer la titularidad de la acción penal, de oficio, o a petición de parte;
c) Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta impartición de justicia;
d) Representar a la sociedad en los procesos judiciales;
e) Dirigir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función;
f) Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contemple; y,
g) Ejercer iniciativa en la formación de las leyes y dar cuenta al Congreso, o al Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la legislación en el ámbito de su actuación.

Por otro lado, el "estatuto del fiscal" queda en líneas generales asimilado a lo previsto sobre el particular para los miembros del Poder Judicial, tal como ya ocurre hoy en día. 


2.5.3.- ORGANOS DE GOBIERNO
(Artículos 25º de la Propuesta y 204º del Proyecto)

En lo referente al Gobierno de la institución se ha previsto, de manera similar a lo indicado en el Proyecto de Reforma, la existencia de un Consejo de Gobierno. Su conformación sigue las mismas pautas que han sido tomadas en cuenta para la composición del Consejo de Gobierno del Poder Judicial, las cuales expresan un criterio de representatividad de los diferentes escalones institucionales al hacer participar a fiscales de cada uno de los distintos grados, pero también promueve la participación de instancias de la sociedad civil directamente vinculadas con su labor. Al respecto, y ya a modo de síntesis, se recomienda que el Consejo de Gobierno del Ministerio Público se encuentre integrado de la siguiente manera:

a) El Fiscal de la Nación, quien lo preside y es elegido por la Junta de Fiscales Supremos.
b) Un Fiscal Supremo Titular, elegido por los Fiscales Supremos Titulares;
c) Un Fiscal Superior Titular, elegido por los Fiscales Superiores Titulares del país;
d) Un Fiscal Provincial Titular, elegido por los fiscales Provinciales Titulares del país;
e) Un representante elegido por y entre los miembros de todos los Colegios de Abogados del país;
f) Dos profesores principales, uno de ellos elegido por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y el otro por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas.

Conforme se aprecia, a diferencia de lo prescrito en el proyecto donde sólo ha previsto la participación de un decano o ex decano elegido por los colegios de abogados del país, nuestra propuesta incrementa el número de miembros del Consejo de Gobierno, asegurando así una mayor participación de la sociedad civil, ya que consideramos importante que sectores de la ciudadanía organizada puedan contribuir a lograr que las labores de impartición de justicia y las relacionadas con ella se desarrollen de manera más eficiente. 

Las competencias que tendrá a su cargo el Consejo de Gobierno serán materia de una Ley Orgánica; sin embargo, dada la trascendencia del aspecto económico para el desempeño autónomo de todo órgano del Estado, ya desde nuestra misma propuesta se le confiere a dicho Consejo la función de aprobar y presentar el proyecto de presupuesto ante el Poder Ejecutivo y sustentarlo ante el Congreso. La sustentación del presupuesto del Ministerio Público corresponderá al Fiscal de la Nación, quien es reconocido como el representante de la institución además de presidirla. 


2.6.- COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN DE LAS LABORES DE IMPARTIR JUSTICIA

No hay posibilidad de producir un cambio que sea medianamente trascendente en el tema que aquí hemos venido desarrollando si es que no se establecen mecanismos y formas de coordinación entre todas las instituciones que de alguna manera inciden en el desarrollo de la función jurisdiccional. Si existiera esa coordinación, sin duda alcanzarían mejores resultados aquellos esfuerzos que hoy en día se están dando inorgánicamente. 

Hubo consenso entre los autores de esta propuesta en establecer importantes niveles de coordinación entre todas esas instituciones, sin que esto vaya a afectar la autonomía de las mismas. Se va así más allá de lo planteado en el proyecto de reforma, ya que éste sólo se limita a reconocer la necesidad de labores de coordinación en lo administrativo. Nosotros entendemos que deben coordinarse además decisiones de política institucional. Lo que, sin duda, en ningún caso es materia de coordinación son aquellos asuntos vinculados a actividades intra órganos de las entidades involucradas, pues admitir ello sería ir contra la autonomía de las instituciones llamadas a coordinar.

Será materia de una ley la regulación de una instancia de coordinación formada por los representantes más importantes de cada uno de estos órganos, espacio de trabajo que se reuniría sólo cuando sea necesario. Allí se discutirían algunos ámbitos de la política judicial y buscarían unificarse criterios en aquellos espacios donde se considere se trasciende a las actividades propias de cada órgano, donde se haga necesaria la existencia de algún mecanismo que pueda articular los diferentes esfuerzos hoy dispersos, de modo tal que el desarrollo institucional colectivo sea el más adecuado. Se deja a un desarrollo legislativo posterior la fijación de pautas sobre cómo se configuran los acuerdos que se reputen necesarios y cuáles serían, si existen, los mecanismos que aseguren el cabal cumplimiento de los mismos.

Lima, abril del 2003.



















TÍTULO IV
ESTRUCTURA DEL ESTADO


CAPÍTULO VIII
PODER JUDICIAL


ARTÍCULO 1.- El Poder Judicial ejerce su potestad de impartir justicia por medio de la Corte Suprema y de los demás órganos que establezca su ley orgánica, con carácter unitario y exclusivo, sin perjuicio de las funciones desarrolladas por el Tribunal Constitucional.

Los miembros de las Fuerzas Armadas en actividad que cometan delitos estrictamente castrenses están bajo la competencia de jueces especializados del Poder Judicial, de conformidad con la ley. Corresponde a la Corte Suprema de Justicia revisar las resoluciones dictadas por dichos jueces, en los casos que establezca la ley. 

ARTICULO 2.- Los jueces de paz provienen de elección popular. Dicha elección, sus requisitos, el desempeño jurisdiccional, la capacitación y la duración en sus cargos son normados por ley.

ARTÍCULO 3.- Se reconocen las formas comunales de aplicación del derecho consuetudinario para la solución de conflictos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas y nativas, en tanto respeten los derechos fundamentales.

Se reconoce la existencia de técnicas no jurisdiccionales de solución de conflictos e incertidumbres jurídicas, como la conciliación, la negociación y el arbitraje, de conformidad con las leyes sobre la materia.

ARTÍCULO 4.- El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales, y órganos de gobierno y administración, de acuerdo con su ley orgánica y demás disposiciones.

El gobierno del Poder Judicial está a cargo de su Consejo de Gobierno que está integrado por:

a) El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, quien lo preside. En caso de empate cuenta con voto dirimente;
b) Un juez de la Corte Suprema en actividad, elegido por sus colegas en Sala Plena;
c) Un juez superior en actividad, elegido por los jueces de ese grado de los diferentes distritos judiciales del país;
d) Un juez especializado en actividad, elegido por los jueces de ese grado de los diferentes distritos judiciales del país;
e) Un juez de paz letrado, elegido por los jueces de ese grado de los diferentes distritos judiciales del país;
f) Un representante elegido entre los miembros de todos los colegios de abogados del país;
g) Dos profesores principales elegidos, uno por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y el otro por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas. La ley regulará lo concerniente a este proceso de elección.

Corresponde al Consejo de Gobierno del Poder Judicial aprobar y presentar el proyecto de presupuesto y sustentarlo ante el Congreso, a través del Presidente de la Corte Suprema, así como las demás funciones previstas en su ley orgánica.


ARTÍCULO 5.- Si al resolver un proceso el juez encuentra incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, prefiere la primera. Igualmente prefiere la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.

La decisión judicial de último grado que resuelva la inaplicación de una norma por considerarla inconstitucional, será necesariamente revisada por el Tribunal Constitucional.


ARTÍCULO 6.- El proyecto de presupuesto presentado por el Poder Judicial se incorpora en sus propios términos por el Poder Ejecutivo y no es menor al tres por ciento (3%) de los gastos corrientes del Presupuesto General de la República.

ARTÍCULO 7.- El Presidente de la Corte Suprema de Justicia lo es del Poder Judicial. La Corte Suprema se organiza en forma unitaria con criterio de especialidad, y su competencia es nacional. A la Sala Plena de la Corte Suprema le corresponde establecer la jurisprudencia vinculante y otras funciones que le señale la ley. 

ARTÍCULO 8.- Para ser Juez de la Corte Suprema se requiere:

a) Ser peruano de nacimiento;
b) Ser ciudadano en ejercicio;
c) Ser mayor de cuarenta y cinco años; y
d) Haber sido juez o fiscal del grado inmediatamente inferior durante diez años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante quince años. 

ARTÍCULO 9.- Son enunciativamente funciones jurisdiccionales del Poder Judicial:

a. La tutela de los derechos y la resolución de conflictos vinculados a los mismos;
b. El control de las conductas punibles;
c. El control de la legalidad de la actuación administrativa;
d. El control de la constitucionalidad de las normas.

Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en la labor jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.

Las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones cuando resuelve conflictos en materia electoral, así como las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de nombramiento, evaluación o sanción a jueces y fiscales, no son revisables por el Poder Judicial.

ARTÍCULO 10.- La potestad de impartir justicia se otorga respetando la Tutela Procesal Efectiva y de Acceso a la Justicia.

Son manifestaciones de la Tutela Procesal Efectiva en sede judicial, además de las citadas en el Artículo dos, inciso veinticinco*, las siguientes:

a) Que las normas procesales deben aplicarse e interpretarse atendiendo a su finalidad esencial: la eficacia del ordenamiento jurídico;
b) Que en caso de duda sobre el cumplimiento de un requisito de admisibilidad o procedencia, se interprete a favor de la continuación del proceso; 
c) Que se aplique el derecho que corresponda al proceso aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente;
d) Que las decisiones judiciales que ponen fin al proceso, adquieran la autoridad de cosa juzgada, gozando, en consecuencia, de inmutabilidad;
e) Que la actividad procesal sea pública, salvo que la ley o el juez la restrinja en garantía de la intimidad o el interés social.


ARTÍCULO 11.- Los jueces gozan de las siguientes garantías:

a) La independencia en el desempeño de su función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional o interferir en su actuación;
b) La inamovilidad en sus cargos. No pueden ser trasladados sin su consentimiento;
c) Su permanencia en el servicio hasta los setenta años, sin perjuicio de la pérdida del cargo por razones disciplinarias; 
d) La jubilación con el derecho a remuneración íntegra es obligatoria a los setenta años de edad y facultativa a los treinta de servicio, después de cinco años de ejercicio efectivo de la judicatura.
e) La irreductibilidad de sus remuneraciones; 
e) Mantener su especialidad jurídica durante el desempeño de su función; y
f) Asociarse para la defensa y promoción de sus derechos.


CAPÍTULO IX
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


ARTÍCULO 12.- El Tribunal Constitucional es el órgano autónomo a quien corresponde ser el supremo intérprete de la Constitución. Está integrado por nueve magistrados elegidos por el Congreso de la República, con acuerdo de los dos tercios de sus miembros, a propuesta del Senado. La elección es por siete años y no procede la reelección inmediata. El Tribunal Constitucional contará con magistrados suplentes cuya forma de designación y número será regulada por su ley orgánica.

ARTÍCULO 13.- Para ser magistrado del Tribunal Constitucional se requiere, además de los requisitos establecidos en el artículo doce, tener una probada trayectoria democrática y de defensa de los derechos humanos.

ARTÍCULO 14.- Los magistrados del Tribunal Constitucional no responden por sus votos u opiniones emitidas en el ejercicio de su función. Cuando cometan una falta el Pleno del Tribunal Constitucional podrá aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes. Sólo pueden ser objeto de acusación constitucional ante el Congreso en caso de haber cometido un delito de función o haber incurrido en infracción constitucional.

ARTÍCULO 15.- El Tribunal Constitucional es competente para:

a) Conocer y resolver en único grado los procesos de inconstitucionalidad y de Acción Popular;
b) Resolver, en último grado, los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento; 
c) Resolver los procesos competenciales, conforme a ley; 
d) Conocer y resolver en último grado las sentencias judiciales que declaran la inaplicación de una norma por considerarla inconstitucional;
e) Conocer y resolver las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia disciplinaria, en caso de vulneración del debido proceso o de derechos fundamentales.

ARTÍCULO 16.- El Tribunal Constitucional actúa en Pleno o en Salas. El Pleno resuelve los procesos de inconstitucionalidad, acción popular y los procesos competenciales. Las Salas resuelven los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento. La ley establecerá los casos en los que el Tribunal puede declarar la improcedencia de los procesos constitucionales. 

El Tribunal resuelve y adopta acuerdos por mayoría simple de votos emitidos, salvo para dictar sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma, caso en que se requieren más de la mitad de los votos de sus miembros. 

ARTÍCULO 17.- La sentencia del Tribunal Constitucional que tutela los derechos fundamentales es cosa juzgada. En los procesos de inconstitucionalidad, acción popular y competenciales las sentencias tienen fuerza de ley frente a las entidades públicas y los particulares.

Las sentencias del Tribunal Constitucional se publican en el diario oficial. El fallo que declara la inconstitucionalidad de una norma legal, la deja sin efecto al día siguiente de su publicación. 

Las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran la inconstitucionalidad, no tienen efecto retroactivo, salvo en los casos y alcances que el mismo Tribunal defina.


CAPÍTULO X
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA


ARTÍCULO 18.- El Consejo Nacional de la Magistratura es el órgano autónomo encargado de la selección, nombramiento, promoción y régimen disciplinario de los jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público. Se organiza en forma descentralizada de acuerdo a ley.

ARTÍCULO 19.- El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por:

a) Un miembro elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema; 
b) Un miembro elegido por la Junta de Fiscales Supremos; 
c) Un miembro elegido por y entre los integrantes del Colegio de Abogados de Lima;
d) Un miembro elegido por y entre los integrantes de los otros Colegios de Abogados del país;
e) Dos miembros elegidos por y entre los integrantes de los otros Colegios Profesionales del país;
f) Dos profesores principales elegidos, uno por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y el otro por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas. La ley regulará lo concerniente a este proceso de elección.

El Presidente del Consejo, elegido por sus miembros, tendrá voto dirimente en los debates en caso de empate.

Los miembros titulares del Consejo Nacional de la Magistratura son elegidos, conjuntamente con sus suplentes, por un período de cinco años, no pudiendo ser reelegidos.

Para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura se requieren los mismos requisitos que para ser Vocal de la Corte Suprema, salvo lo previsto en el inciso d) del artículo doce.

ARTICULO 20.- Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura gozan de los mismos beneficios y derechos y están sujetos a las mismas obligaciones e incompatibilidades que los Jueces de la Corte Suprema. 

ARTÍCULO 21.- Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura:

a) Selección, nombramiento previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles, salvo cuando éstos provengan de elección popular. Dichos nombramientos no son impugnables; 
b) Promover a la categoría inmediatamente superior a los jueces y fiscales de primer y segundo grado, que aprueben el concurso de méritos que a tal efecto convoque este mismo Consejo. Dicho concurso deberá darse con observancia de todas las garantías que permitan que este proceso sea transparente.
c) Investigar en forma permanente la conducta funcional de los jueces y fiscales y aplicarles las sanciones a que haya lugar, con las garantías de un debido proceso. Su resolución definitiva en estas materias, es impugnable ante el Tribunal Constitucional, sólo si se afecta este derecho fundamental;
d) Extender y cancelar el título oficial correspondiente para los magistrados que designe. 


ARTÍCULO 22.- La Academia de la Magistratura, que forma parte del Consejo Nacional de la Magistratura, goza de autonomía administrativa, económica y académica; se encarga esencialmente de la formación y capacitación de los jueces y fiscales en todos los niveles. Una ley orgánica regula su estructura interna y funciones, así como las diversas modalidades de los cursos que imparte.

CAPÍTULO XI
DEL MINISTERIO PÚBLICO

ARTÍCULO 23.- El Ministerio Público es un órgano autónomo a quien compete:

h) Promover, de oficio o a petición de parte, la tutela judicial de la legalidad, de los derechos humanos y de los intereses públicos; 
i) Ejercer la titularidad de la acción penal, de oficio, o a petición de parte;
j) Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta impartición de justicia;
k) Representar a la sociedad en los procesos judiciales;
l) Dirigir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función;
m) Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contemple; y,
n) Ejercer iniciativa en la formación de las leyes y dar cuenta al Congreso, o al Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la legislación en el ámbito de su actuación.

ARTÍCULO 24.- Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. Asimismo, les afectan las mismas incompatibilidades. Su nombramiento está sujeto a requisitos y procedimientos idénticos al de los integrantes del Poder Judicial en su categoría respectiva.

ARTÍCULO 25.- El Fiscal de la Nación preside y representa al Ministerio Público, es elegido por los Fiscales Supremos Titulares por tres años sin reelección inmediata. El gobierno del Ministerio Público estará a cargo de un Consejo de Gobierno presidido por el Fiscal de la Nación. Está integrado además por:

a) Un Fiscal Supremo Titular, elegido por los Fiscales Supremos Titulares;
b) Un Fiscal Superior Titular, elegido por los Fiscales Superiores Titulares del país;
c) Un Fiscal Provincial Titular, elegido por los Fiscales Provinciales Titulares del país;
d) Un representante elegido por y entre los miembros de todos los Colegios de Abogados del país;
e) Dos profesores principales, elegidos uno por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y el otro por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas. La ley regulará lo concerniente a este proceso de elección.

Corresponde al Consejo de Gobierno del Ministerio Público aprobar y presentar el proyecto de presupuesto ante el Poder Ejecutivo y sustentarlo ante el Congreso, a través del Fiscal de la Nación, así como las demás funciones previstas en su ley orgánica. 

CAPÍTULO XII

RELACIONES ENTRE LOS ÓRGANOS VINCULADOS A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA


ARTÍCULO 26.- El Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Ministerio Público, sin perjuicio de la autonomía constitucionalmente reconocida a cada uno de ellos, mantendrán relaciones de coordinación a efectos de asegurar el cumplimiento adecuado y oportuno de la función estatal de impartición de justicia.

Una ley orgánica regulará los mecanismos de coordinación previstos en el presente artículo.

ARTÍCULO 27.- Los integrantes de los órganos vinculados a la impartición de justicia están prohibidos de ejercer cualquier otra actividad pública o privada con excepción de la docencia universitaria, así como de participar en política partidaria, inclusive en situación de disponibilidad.

ARTÍCULO 28.- Los integrantes de los órganos que participan en la impartición de justicia deben percibir una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de su misión y jerarquía.